En declaraciones a Servimedia, el portavoz de CIU en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, Carles Campuzano, aseguró que, con esta decisión, "el Gobierno no tendrá ninguna autoridad moral para pedir a bancos y empresas que no prejubilen a sus trabajadores".

Campuzano, que aseguró que esta política es un "mensaje negativo" para los trabajadores "más maduros", consideró que la Administración debe buscar fórmulas para "mantener a estos trabajadores".

Además, el portavoz de política laboral de CIU afirmó que estas prejubilaciones supondrían "un agravio comparativo" con el resto de trabajadores que cotizan al Régimen General.