La coalición catalanista se ha mostrado muy crítica con este proyecto porque entiende, "coincidiendo con las denuncias de Amnistía Internacional, y con lo puesto de relieve por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial" que no se puede "vacíar" el derecho de asilo otorgando la facultad al Gobierno de extraditar a un refugiado político.

Los nacionalistas catalanes creen que el polémico artículo de la ley que concede esa prerrogativa al Gobierno hace posible la extradición de los efugiados "sin más límite" que el que los hechos en que se base la solicitud no sean los mismos que motivaron la concesión de asilo.

La enmienda de CiU a este artículo señala que "la extradición de asilados o refugiados en España sólo podrá concederse a un Estado distinto del Estado origen del asilado o refugiado o de aquel en relación con el cual se accedió a la solicitud de refugio o asilo".

Se pretende que la extradición quede condicionada a la plena garantía de que el reclamado no será reextrditado a su Estado de origen y de que, si resulta condenado, será transferido a España para el cumplimiento de su condena.

CiU quiere que cuando se deniegue esa extradición, y a petición del Estado requiriente, el fiscal general del Estado pueda iniciar un proceso penal en España contra el asilado o refugiado, de forma análoga a como se actúa contra españoles.

En otras enmiendas, la coalición nacionalista catalana intenta evitar que sea extraditada una persona condenada a muerte, a cadena perpetu o a penas "inhumanas o degradantes".