La proposición presentada por CiU pide la modificación de las leyes de Propiedad Horizontal y de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), con el objetivo de mejorar el acceso de las personas con discapacidad y de las personas mayores a una vivienda digna.

La portavoz de CiU en la Comisión para las Políticas Integrales para la Discapacidad, Conxita Tarruella, argumenta que "las personas con discapacidad y las personas mayores acceden con mucha dificultad a los bienes y servicios que en principio deben estar al alcance de cualquier ciudadano".

Para Tarruella, el caso de la vivienda es paradigmático, ya que "a los problemas generalizados de carestía, de falta de financiación adecuada o calidad con los que se topan los ciudadanos, se añade en este caso para las personas con discapacidad o las personas mayores los de ausencia de condiciones de accesibilidad de la gran mayoría de edificios y viviendas".

Además de las propuestas citadas, el texto de CiU quiere extender la reserva de vivienda adaptada a iniciativas de habitación y convivencia de personas con discapacidad distintas de la vivienda personal, que no tienen amparo legal, como son las iniciativas de viviendas tuteladas, viviendas de apoyo o proyectos de vida independientes promovidas por asociaciones y fundaciones pertenecientes al tercer sector de la discapacidad.

Igualmente, el grupo catalán es partidario de aprovechar la modificación normativa para definir en sede legal qué se entiende por vivienda accesible.