CiU PROPONE UNA "HIPOTECA INVERSA" PARA QUE LAS PERSONAS DEPENDIENTES OBTENGAN RECURSOS DE SU VIVIENDA
- Duran quiere que se apruebe mientras llega la Ley de Dependencia, y luego se incorpore a ella
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El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición de ley en la que aboga por una "hipoteca inversa", instrumento para que las personas mayores y dependientes puedan utilizar su vivienda para obtener rentas complementarias.
En una rueda de prensa en Barcelona, Duran explicó que el apoyo fiscal, administrativo y financiero a la hipoteca inversa permitirá facilitar la atención a personas que tienen una propiedad y que la pensión y otros ingresos les resultan insuficientes para cubrir sus necesidades, señaló CiU en un comunicado.
La iniciativa, registrada en el Congreso de los Diputados, "es una medida de una profunda dimensión social que pretende incidir en el grave problema de la dependencia, de personas mayores, fundamentalmente con ingresos por debajo de los límites para poder sostener una vida digna", indicó.
"En este caso no se trata de una hipoteca para comprar una vivienda, sino que se parte de que alguien que tiene una propiedad y una pequeña pensión pueda acudir a una entidad bancaria y cada mes recibir un dinero a coste de esta propiedad", agregó.
El parlamentario catalán detalló que "esto no afecta al derecho de propiedad" y, por tanto, el día que fallezca el propietario, sus herederos pueden adquirir la propiedad de ese inmueble o venderlo.
"El Gobierno de Zapatero no cumple su palabra de presentar a las Cortes un proyecto de Ley de Dependencia global e integral que incida en los problemas de la dependencia en la sociedad", denunció el parlamentario catalán.
En esta situación, prosigue, "CiU, a la espera y sabiendo que el Gobierno va a tardar en presentar este proyecto, presenta una medida que tiene un profundo contenido social y puede incorporarse en la futura Ley de Dependencia".
Esta propuesta implica la exención de la tributación por actos jurídicos documentales; así como una bonificación del 95% en los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de este proceso.
Además, CiU pide que se transfiera anualmente a las comunidades autónomas el importe que dejen de recibir por aplicación de esta iniciativa.
(SERVIMEDIA)
06 Oct 2005
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