CiU recuerda que la LISMI respondió, en su origen, a una demanda social, y añade que la ley contiene principios plenamente vigentes en la actualidad, como los de participación y normalización, autonomía e integración plena, responsabilidad pública y colaboración privada.

Sin embargo, este grupo parlamentario considera que después de csi 20 años de vigencia de esta normativa, es necesario efectuar un balance, "amplio y riguroso", sobre el desarrollo y el grado de aplicación de la ley.

"Porque si bien es cierto que gracias a esta ley se han producido avances inmportantes en la mayoría de los campos", señala la propuesta, "lo que se ha traducido en una mayor calidad de vida de las personas discapacitadas, y en muchos de sus ámbitos se manifiesta plenamente vigente, no es menos cierto que subyacen determinadas carencias y evidentes inumplimientos de la legislación, así como también de insuficiencia de esas políticas".

Por este motivo, CiU postula la necesidad de acometer una reforma de la legislación que tenga en cuenta las transformaciones sociales que se han producido en las últimas dos décadas en España.

En este sentido, el texto que ha presentado el Grupo Catalán indica que "la consolidación del plural movimiento de las personas discapacitadas, la irrupción de las nuevas tecnologías, las mejores perspectivas de vida de lapoblación en general, pero también de las personas discapacitadas, el incremento de los niveles de ocupación, todo ello configura un nuevo escenario".

Por este motivo, CiU propone crear una subcomisión que dependa de la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso, con el objetivo de buscar el consenso más amplio posible en relación con las políticas futuras dirigidas a los discapacitados.

La subcomisión estaría integrada por 3 representantes de cada uno de los grupos con más de 100 diputado, 2 representantes de cada unos de los grupos con más de 10 y 1 representante por cada uno de los grupos restantes.

Asimismo, Convergència i Unió incluye en su propuesta la necesaria comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas, autoridades y representantes de asociaciones de discapacitados ante los diputados que forman parte de la subcomisión, para que expongan sus opiniones respecto a estas políticas y la reforma de la LISMI.

La subcomisión tendría un plazo de 6 meses para realiza sus trabajos. El estudio que elaboraría lo aprobaría la Comisión de Política Social y Empleo, que lo remitiría al pleno del Congreso para su debate y aprobación.