Así lo indicó Martín en declaraciones ante los medios de comunicación en Barcelona, haciendo alusión a que el Ejecutivo de Pere Aragonès instó a 10 centros educativos que cumplían la sentencia de impartir el 25% de clases en castellano a dejar de hacerlo, algo que tachó de “inadmisible, incomprensible e intolerable”.

En este sentido, señaló que en democracia se tienen que “cumplir” las resoluciones judiciales y tanto el TSJC como el Tribunal Supremo “han dicho que el 25%” de las clases “tienen que ser en castellano”. “Si no se cumple con ello está incumpliendo con un mandato constitucional”, alertó Martín.

“Lo que es inadmisible es que el Gobierno de la Generalitat con el apoyo del PSC hagan un trapicheo parlamentario para evitar el cumplimiento de una resolución judicial”, refiriéndose al decreto promovido por este Ejecutivo para blindar el catalán en las aulas. Según Martín, este decreto es una “trampa” para “continuar excluyendo el castellano” en las aulas catalanas.