El Gobierno aprobó el pasado marzo un Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que introduce un régimen específico para la identificación y promoción de proyectos estratégicos de inversión.

La norma prevé la posibilidad de declarar PEI, estableciendo mecanismos de priorización y simplificación administrativa. Entre ellos, el artículo 29 contempla medidas de impulso preferente, incluyendo la prioridad en el acceso a redes e infraestructuras y una tramitación administrativa reforzada, orientadas a acelerar la ejecución de estos proyectos.

La CNMC ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso Servimedia, en el que señala que la agilización en la tramitación de esos proyectos estratégicos es positiva, en la medida en que puede contribuir a reducir cargas administrativas, acortar los plazos de ejecución y favorecer la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en sectores esenciales para la economía.

Sin embargo, afirma que para que estos mecanismos no generen distorsiones en el mercado introduciendo restricciones innecesarias a la competencia, “es imprescindible que se articulen sobre la base de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, evitando la introducción de elementos que podrían llevar a una excesiva discrecionalidad por parte de la Administración, afectando a la igualdad de trato entre operadores y a la propia seguridad jurídica”.

Para el regulador, el real decreto que ha elaborado el Gobierno sobre el CIE y la declaración de PEI “es susceptible de clara mejora en este aspecto”.

Competencia menciona en concreto el artículo 3.1, que establece que los criterios prioritarios son un volumen de inversión relevante en términos nacionales o, en su defecto, relevante en relación con la economía del territorio donde se propone realizar la inversión, y la creación de un volumen de empleo altamente cualificado relevante en términos nacionales o, en su defecto, un volumen de empleo significativo en la economía del territorio donde se proponga implantar la inversión.

Según la CNMC, “estos criterios presentan un elevado grado de indeterminación, al apoyarse en conceptos abiertos como ‘relevante’, ‘significativo’ o ‘altamente cualificado’, sin que se establezcan umbrales cuantitativos, parámetros de referencia o criterios de comparación que permitan delimitar con precisión su alcance. Esta configuración dificulta anticipar qué proyectos pueden ser considerados estratégicos y otorga a la Administración un margen excesivamente amplio de discrecionalidad en su aplicación”.

La comisión que preside Cani Fernández pide que “se refuerce la delimitación de los criterios prioritarios en la fase de declaración previa, mediante la incorporación de parámetros objetivos o referencias cuantificables que orienten su aplicación, en particular en relación con conceptos como ‘relevancia’ o ‘significatividad’

El regulador también ve preciso “incluir una valoración preliminar de la solvencia técnica de los promotores” y “delimitar con mayor precisión el alcance de los proyectos de reconversión de sectores o empresas de relevancia, teniendo en cuenta su posible interacción con la normativa de ayudas de Estado aplicable”.

El Comité de Inversiones Estratégicas (CIE) estará previsiblemente operativo tras el verano, según anunció el pasado martes en el Congreso el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, una vez que el decreto regulador reciba el visto bueno de los organismos consultivos.