Así lo reveló la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en un seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Según explicó Fernández, la investigación realizada por la CNMC concluyó que no existieron obstáculos generados de “forma intencionada” y que las dificultades se produjeron por la falta de medios por parte de las compañías para poder absorber la “avalancha” de solicitudes.

“Las compañías han duplicado sus equipos y tomado medidas”, destacó la presidenta de la CNMC, quien recordó que este cambio masivo a la tarifa regulada se produjo cuando el Gobierno limitó los incrementos del precio en la TUR, lo que llevó a que la tarifa regulada fuera mucho más asequible que las tarifas del mercado libre.

A este respecto, indicó que como consecuencia de este cambio generalizado a la TUR, a fecha de hoy hay un millón más de hogares acogidos a esta tarifa que los existentes al inicio del pasado invierno.

Esta situación contrasta con lo ocurrido en el mercado de la electricidad, donde el gran trasvase de clientes ha seguido el camino contrario ante la alta volatilidad de la tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

En concreto, según recordó Fernández, entre junio de 2022 y marzo de 2023, alrededor de 1,3 millones de hogares abandonaron la tarifa regulada para pasar al mercado libre atraídos por los esquemas de precios fijos.

Como consecuencia, según advirtió Fernández, la cuota de mercado de las grandes comercializadoras se incrementó en detrimento de las pequeñas, que sufrieron dificultades financieras por su mayor exposición al precio frente a las empresas integradas verticalmente en la producción y la comercialización.

Por último, la presidenta de la CNMC valoró la reforma aprobada por el Gobierno a la tarifa PVPC porque permitirá reducir su alta volatilidad al vincular también el precio con mercados de futuro más estables.