Entre sus últimas actuaciones relacionadas con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), el organismo regulador incluye una sobre una disposición del Ejecutivo autonómico que solo permite la participación de una entidad por grupo empresarial en las ayudas de formación.

La CNMC conviene en que esta medida buscaría favorecer el acceso de más empresas, especialmente pymes, y el principio de concurrencia, por tanto, estaría asociado a un objetivo de política social: la formación de trabajadores empleados o desempleados.

"Sin embargo, esta exigencia resulta desproporcionada: existen alternativas menos restrictivas para evitar la concentración de ayudas, como fijar límites según el número de empleados o el volumen de facturación de la empresa o del grupo empresarial, teniendo en cuenta el tamaño del mercado en la comunidad autónoma", señala la comisión en su resolución.

NAVARRA

La CNMC también ha cuestionado una convocatoria del Servicio Navarro de Empleo que obliga a los centros de teleformación a tener instalaciones en la comunidad autónoma.

A juicio de Competencia, este requisito vulnera los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación de la LGUM, dado que la actividad formativa puede desarrollarse desde otras comunidades sin incumplir la normativa sectorial.

Asimismo, la CNMC recuerda que la actividad económica puede acreditarse mediante fórmulas menos restrictivas que el arraigo territorial físico, como la contratación de trabajadores locales o el desarrollo de proyectos que generen riqueza en la zona.