Según informó la CNMC, dicha conclusión se basa en una muestra de 6.900 cambios realizados entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, periodo en el que se realizaron en España 5,56 millones de cambios de comercializador en el sector eléctrico y 910.000 en el sector gasista.

La CNMC es responsable de verificar que los consumidores otorgan su consentimiento efectivo para realizar estos cambios y de supervisar que los comercializadores cumplen con la normativa.

En concreto, en el 90,2 % de los cambios las comercializadoras acreditaron formalmente el consentimiento del consumidor, en el 9,5 % de los casos surgieron dudas por algún tipo de carencia documental y no se acreditó el consentimiento en el 0,3 % restante.

De esta manera, los cambios con documentación “no totalmente conforme” al presentar algún tipo de carencia documental, según la calificación de la CNMC, aumentaron considerablemente (9,8 %), —4,4 % en 2019-2020—, pero estuvieron en línea (10,3 %) respecto a 2017-2018. Sin embargo, los cambios considerados “no acreditados” (0,3 %) bajaron respecto a los citados períodos anteriores (1,3 % y 1,6 %, respectivamente).

La consecuencia más grave de estas irregularidades es que 21 consumidores perdieron el bono social, aunque meses después lo recuperaron porque los comercializadores no aportaron la renuncia al bono social firmada por el consumidor.