Así lo señala la CNMC en un estudio sobre el funcionamiento de los servicios de recarga de acceso público para vehículos eléctricos, donde plantea una serie de recomendaciones.

A este respecto, la CNMC advierte de que para impulsar la descarbonización del transporte es clave ampliar la infraestructura de recarga eléctrica, adaptarla a las necesidades de los usuarios, e identificar y corregir los obstáculos a la competencia en una fase temprana para evitar problemas futuros en el mercado.

Además, denuncia que la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos presenta niveles de concentración relativamente elevados y trabas a la competencia porque las condiciones de acceso a ubicaciones, tanto públicas como privadas, y a las redes de electricidad, pueden favorecer a determinados operadores y dificultar la entrada de nuevos competidores.

Por otro lado, alerta de que la fragmentación regulatoria y los trámites administrativos pueden generar costes innecesarios y hacer más difícil la entrada y expansión de nuevos operadores.

Asimismo, señala que el diseño de incentivos públicos, como las ayudas al despliegue o las obligaciones de instalación dirigidas a determinados operadores, pueden distorsionar la competencia si no se diseñan con criterios de neutralidad.

Por todo ello, pide adoptar una normativa eficiente y para el despliegue de la infraestructura de recarga, simplificar y consolidar el marco normativo en vigor y desarrollar un régimen de supervisión periódica de los instrumentos regulatorios.

También aconseja reducir las cargas burocráticas, facilitar la tramitación en ventanillas únicas, la cooperación e intercambio de buenas prácticas entre administraciones y simplificar y agilizar las autorizaciones y las obligaciones de los operadores.

Por último, recomienda promover un funcionamiento competitivo y eficiente de las concesiones administrativas para la instalación de puntos de recarga, diseñar los contratos públicos de forma que minimicen las barreras a la participación y fomenten la competencia, así como reforzar la información disponible para los consumidores para mejorar la transparencia y la comparabilidad de los precios.