Según informó la CNMC, detectó esas irregularidades en una muestra de 7.200 del total de 6,8 millones de portabilidades realizadas entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, de las que 5,92 millones fueron cambios de comercializador en o hacia el mercado libre del sector eléctrico y 0,88 millones del sector gasista.

La CNMC es responsable de verificar que los consumidores otorguen su consentimiento efectivo para realizar estos cambios y de supervisar que los comercializadores cumplen con la normativa. De esta manera, según el estudio de la CNMC, en el 6,6 % de los casos surgieron dudas por algún tipo de carencia documental, y no se acreditó el consentimiento en el 0,3 % restante.

Los cambios con documentación no totalmente conforme (6,9 %) se redujeron con respecto al anterior estudio, cuando alcanzaron el 9,8 %. Los cambios considerados “no acreditados” (0,3 %) se mantienen en niveles similares a los del anterior estudio.

De hecho, 24 consumidores perdieron el bono social, aunque meses después lo recuperaron. En estos casos, los comercializadores no aportaron la renuncia al bono social firmada por el consumidor, o bien el documento presentaba anomalías.

La CNMC ha iniciado actuaciones específicas ante estas situaciones, conforme a sus competencias. Además, propone establecer requisitos mínimos de documentación en la normativa sectorial, garantizar que la conformidad del consumidor a las condiciones de contratación sea trazable y obligar a grabar íntegramente las llamadas comerciales, incluidas las que inicie el propio consumidor, para facilitar su control posterior.