Según explicó la CNMC, la necesidad de dicha consulta se deriva del hecho de que el gasto en contratación pública representa en España el 11,5% del PIB y casi una cuarta parte del gasto público total.

Además, señala que las administraciones y otras entidades del sector público sufren las prácticas anticompetitivas de las empresas con las que contratan con pactos de precios o reparto de licitaciones, lo que impacta directamente en las cuentas públicas.

A este respecto, indica que desde que en 2014 se aprobó la Directiva europea de daños, las reclamaciones de particulares y empresas han aumentado de forma notable, pero que pocas entidades públicas han optado por reclamar un resarcimiento.

Cualquier perjudicado por una infracción de competencia puede reclamar a las empresas infractoras una compensación ante los tribunales por los daños y perjuicios sufridos. Estas reclamaciones tienen además un efecto disuasorio para futuros infractores, complementario a las sanciones que establecen las autoridades de competencia.

Paralelamente, la CNMC organizará, en su sede de Madrid, una sesión sobre los retos y oportunidades del sector público en la reclamación de daños.