Así lo señaló Fernández en su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado sobre el apagón, donde apuntó que a pesar de estar en proceso de modificación el día del apagón había suficientes herramientas disponibles para que Red Eléctrica controlara la tensión, además de que se produjeron desconexiones de plantas de generación prematuras.

“Estaba vigente y con obligaciones que debían cumplirse”, afirmó Fernández, quien añadió que “los mecanismos regulatorios y técnicos eran suficientes para gestionar el sistema adecuadamente”. De hecho, defendió que tampoco es posible saber si se hubiera producido el apagón con el nuevo procedimiento, que justo entra hoy en vigor.

A este respecto, afirmó que “poder correr a 200 por hora no quiere decir que una norma de 120 sea obsoleta” y negó que la CNMC “dejara cinco años el documento en un cajón”.

Sobre la tramitación de la modificación del PO 7.4, explicó que se inició con un contacto informal entre la CNMC y Red Eléctrica en 2020 con una propuesta que no estaba alineada con la normativa europea ni con las capacidades técnicas.

Más tarde, según Fernández, en 2021 se inició el proceso formal, en 2022 se lanzaron dos proyectos piloto y se lanzó otra consulta pública en 2024. De hecho, según indicó, dos días después del apagón estaba prevista su aprobación en el Pleno de la CNMC.

Después, tras el cero peninsular se revisó la modificación teniendo en cuenta las enseñanzas del incidente y en octubre fue solicitado por Red Eléctrica con carácter de urgencia. “Es un proceso largo y técnicamente complejo que no se puede modificar de la noche a la mañana”, apostilló.

En relación con su entrada en vigor este mismo martes, detalló que se han incorporado 60 instalaciones a prestar el servicio de control dinámico de tensión, de las que 33 son renovables y 27 convencionales. Tienen una potencia de 8,5 gigavatios (GW), 7 GW convencionales y 1,5 GW renovables.

INVESTIGACIÓN Y SANCIONES

Por otro lado, Fernández explicó las actuaciones realizadas por la CNMC tras el apagón que cristalizarán en el informe que tiene previsto presentar próximamente con conclusiones y recomendaciones, aunque sin establecer responsabilidades.

Sobre dicho informe, destacó que también incluirá recomendaciones para el mercado gasista y para los hidrocarburos, así como relativas al mercado de telecomunicaciones y al sector ferroviario.

Paralelamente, según apuntó, la Dirección de Energía de la CNMC continúa con la instrucción de los expedientes relativos al apagón de los que se podrían derivar sanciones. Para ello, realizó 1.500 inspecciones en 2025.

En cuanto a las posibles demandas de los consumidores, recordó que los expedientes sancionadores de la CNMC son públicos y que pueden ser utilizados para acudir a los tribunales.