La actualización responde a la necesidad de adaptar el sistema actual, aprobado en 2012, a los cambios que se han producido en la normativa, en particular en la Ley General de Telecomunicaciones de junio de 2022, las infraestructuras de red y el mercado en los últimos años, según informa la CNMC en un comunicado.

La CNMC calcula cada año el coste neto que supone esta prestación y lo reparte entre los operadores con mayores ingresos del sector.

La comisón propone que el nuevo cálculo incorpore los servicios prestados sobre redes de fibra óptica y satélite, adaptándose al apagado total de la red de cobre previsto para 2025, así como la ampliación de la banda ancha a 10Mb/s establecida en la Ley de Telecomunicaciones, con posibilidad de ampliar a 30Mb/s si así se decide en la normativa.

Por el contrario, la CNMC propone excluir del nuevo cálculo los accesos que hayan sido subvencionados con fondos públicos (planes PEBA, ÚNICO, etc.).

A juicio de la comisión, la nueva metodología también debe contemplar nuevos criterios para determinar las zonas no rentables adaptándose a la estructura de las redes FTTH y simplificar el cálculo de los beneficios no monetarios (como la imagen de marca) y del abono social.

Esta nueva metodología se aplicaría, como mínimo, al cálculo del CNSU correspondiente a los ejercicios 2023 a 2026.

Esta consulta pública está dirigida a todos los agentes del sector de las telecomunicaciones y otros interesados. Las aportaciones pueden enviarse hasta el 20 de junio de 2025 a través de la sede electrónica de la CNMC.