Es la principal novedad de la actualización de las indicaciones vigentes, que se aplicaban desde 2018. Según explica el organismo regulador en un comunicado, ese añadido de multas a directivos se hace de acuerdo con las pautas establecidas por los tribunales.

Las nuevas indicaciones señalan que, conforme al artículo 63.2 de la Ley de Defensa de la Competencia, “cuando el infractor sea una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en la conducta”.

Según la comisión, una vez acreditada la participación en la infracción de las personas físicas y su condición de directivos, se valorará la gravedad y características de la conducta en la que han participado. Por ejemplo, participar en una infracción constitutiva de cártel que ha afectado a consumidores vulnerables merecerá una sanción mayor que haber participado en una recomendación de precios.

La sanción será superior para aquellas personas que desempeñan el máximo poder de decisión, y menor para los que, aun teniendo capacidad de decidir en nombre de la empresa de forma autónoma, tienen un poder de decisión inferior.