El proyecto normativo adapta el ordenamiento jurídico español el reglamento europeo sobre las órdenes europeas de producción y las órdenes europeas de conservación a efectos de prueba electrónica en procesos penales y de ejecución de penas privativas de libertad a raíz de procesos penales, y transpone una directiva sobre pruebas electrónicas en procesos penales.

El objetivo es facilitar que las autoridades judiciales de los Estados miembros puedan solicitar de forma más ágil la producción o conservación de pruebas electrónicas a determinados prestadores de servicios digitales, incluso cuando operen desde otro país de la Unión Europea (UE).

RECOMENDACIONES DE LA CNMC

La CNMC valoró de forma positiva el anteproyecto de ley y destacó que adapta el ordenamiento jurídico español al nuevo marco europeo sobre obtención de pruebas electrónicas y refuerza la eficacia de la cooperación judicial penal transfronteriza.

Sin embargo, señaló que algunos aspectos del texto deberían precisarse para reforzar la seguridad jurídica, evitar dudas interpretativas y garantizar una aplicación proporcionada de las nuevas obligaciones.

La CMNC emitió varias recomendaciones, como ajusta la definición de los supuestos en los que las empresas deberán designar un establecimiento o representante legal, para cubrir de forma expresa todos los escenarios de prestación transfronteriza de servicios y evitar lagunas en la identificación de los sujetos obligados.

También abogó por precisar el régimen aplicable a los operadores de menor dimensión, aclarar el tratamiento de las empresas de menos de 50 trabajadores, e incorporar una referencia expresa al respeto de las normas de competencia cuando varios prestadores compartan establecimiento designado o representante legal.

Asimismo, la CNMC señaló que se debería cuantificar con mayor precisión el impacto económico y organizativo de las nuevas obligaciones, sobre todo para los prestadores que deban crear por primera vez una estructura en España o designar un representante legal.

Otra de las recomendaciones se enfocó en revisar el régimen de notificación a la autoridad central para clarificar el ámbito subjetivo de los prestadores obligados, precisar el alcance de las obligaciones establecidas y reflejar de forma más adecuada el papel de la autoridad central como garante de la correcta publicación y actualización de la información.

La CMNC instó a adaptar la referencia al personal que ejerce funciones de inspección a la tipología real de empleo público existente en la CNMC y sustituir la mención a “funcionarios adscritos” por una referencia más amplia al “personal adscrito” a la autoridad central.

Por otro lado, sugirió mejorar la tipificación de las infracciones previstas en el anteproyecto, de manera que se incorporen referencias expresas a las obligaciones cuyo incumplimiento se sanciona e incluya de forma específica conductas que obstaculicen las funciones de supervisión, control e inspección atribuidas a la CNMC.

Entre sus propuestas de mejora, la CNMC pidió revisar los criterios de graduación de las sanciones para evitar solapamientos entre factores agravatorios, introducir parámetros económicos más objetivos y tener en cuenta el tamaño de la empresa infractora, para asegurar una aplicación proporcionada del régimen sancionador.

Por último, recomendó completar la modificación de la Ley de creación de la CNMC para recoger de forma expresa todas las funciones que se le atribuyen como autoridad central, incluidas las de coordinación y cooperación europea, actualización de información en la Red Judicial Europea en materia penal y ejercicio de la potestad sancionadora.