LA CNMC explicó este lunes que la emisión tuvo lugar el 8 de octubre de 2024, entre las 15.26 y las 17.02 horas, y se identificó en pantalla como ‘TP’ —apta para todos los públicos—, pese a que la calificación oficial otorgada por el ICAA era “no recomendada para menores de 12 años”.

La resolución considera que “esta calificación errónea incumplió la obligación prevista en la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) de ofrecer a los espectadores información suficiente e inequívoca sobre los contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores”.

La CNMC recordó que “la calificación por edades es una herramienta esencial para que padres, madres y tutores puedan valorar si un contenido es adecuado para los menores. También permite que funcionen correctamente los sistemas de control parental y otros mecanismos técnicos de protección”.

En este caso, la información mostrada al espectador “no se correspondía con la calificación oficial del contenido, lo que podía llevar a una percepción equivocada sobre su adecuación para todos los públicos”.

La CNMC explicó que la Ley Audiovisual obliga a los prestadores de servicios audiovisuales a informar correctamente sobre la naturaleza de los contenidos potencialmente perjudiciales para menores, mediante sistemas de calificación por edades, símbolos visuales, advertencias u otros medios técnicos.

Según la resolución, “durante la emisión apareció en pantalla la calificación ‘TP’, cuando el contenido debía identificarse como +12’”. Por ello, la CNMC consideró que “la información ofrecida no era suficiente ni inequívoca para advertir adecuadamente sobre la edad recomendada”.

Durante la tramitación del expediente, Viacom alegó que la calificación incorrecta “se debió a un error humano aislado y no intencionado”. También señaló que “revisó sus procedimientos para evitar que esta situación pudiera repetirse”.

La CNMC declaró “acreditada” una infracción leve de la Ley General de Comunicación Audiovisual y Viacom “reconoció expresamente su responsabilidad y realizó el pago anticipado de la sanción, por lo que se aplicaron las reducciones previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo”.

La sanción propuesta ascendía a 12.500 euros. Tras aplicar una reducción del 40% por reconocimiento de responsabilidad y pago anticipado, el importe final abonado fue de 7.500 euros.