La iniciativa busca garantizar el acceso a servicios bancarios básicos en zonas rurales donde la presencia de oficinas bancarias y cajeros automáticos se ha reducido en los últimos años. Con ello, pretende contribuir a combatir la exclusión financiera.

La CNMC valora positivamente las actuaciones públicas dirigidas a facilitar el acceso al efectivo y a servicios financieros básicos, especialmente en municipios con problemas de despoblación o envejecimiento demográfico.

No obstante, recuerda que este tipo de intervenciones deben diseñarse de forma que eviten restricciones innecesarias a la competencia, favorezcan la participación de operadores y aseguren un uso eficiente de los recursos públicos.

Además, señala que la instalación de cajeros automáticos puede ser una herramienta útil, pero recomienda analizar también otras soluciones alternativas o complementarias que puedan mejorar el acceso al efectivo en zonas rurales.

Entre ellas, menciona las oficinas móviles ("ofibuses"), los servicios de cashback o cash-in-shop, iniciativas como Correos Cash o medidas de educación financiera dirigidas a los colectivos más vulnerables.

Como mejoras a la regulación, la CNMC propone favorecer una mayor participación de operadores y recomienda evitar requisitos de participación que puedan excluir a operadores capacitados conforme a la normativa sectorial aplicable. También sugiere valorar si es realmente necesario exigir funcionalidades adicionales a la retirada de efectivo, y definir mejor las obligaciones de instalación, los parámetros de evaluación y, en su caso, establecer escalas de puntuación que permitan relacionar de forma transparente las características de las ofertas con la puntuación obtenida.