Según informó el organismo, el objetivo de esta guía técnica es contribuir al buen funcionamiento de estas comisiones de auditoría en las entidades de interés público (EIP), haciendo énfasis especial en las sociedades cotizadas.

El elemento esencial de esta actualización es el tratamiento de la información sobre sostenibilidad y sus riesgos asociados, que no se abordaban de una manera expresa en la guía de 2017. Se adaptarán así las directrices de la guía a la realidad normativa actual y a la práctica de las empresas.

Estos cambios afectan a las funciones que tienen que desempeñar los órganos de gobierno de las sociedades, incluyendo, en particular, a los nuevos roles de las comisiones de auditoría, que tienen que ampliar y desarrollar sus mecanismos de supervisión y control para adaptarse a las nuevas exigencias de aprobación y transparencia de la información sobre sostenibilidad.

Así, entre otras funciones, la Directiva CSRD de sostenibilidad, y su proyecto de ley de implementación en España, encomiendan a las comisiones de auditoría la obligación de informar a la junta general del resultado de la verificación de la información sobre sostenibilidad. También se le pide explicar cómo ha contribuido la comprobación a la integridad de esta información y cuál ha sido el papel de dicha comisión en ese proceso.