El documento, elaborado por el área jurídica de la CNSE y revisado por la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de la Guardia Civil, fija pautas de detección, denuncia y acompañamiento a víctimas, así como procedimientos para evitar la revictimización, explicaron desde la organización.

La asesora jurídica de la CNSE, Patricia Mora, señala que el protocolo establece un marco común para el movimiento asociativo y las instituciones implicadas —desde fuerzas policiales hasta servicios sociales y sanitarios— con el fin de asegurar que ninguna persona sorda se sintiera sola o desprotegida ante un delito de odio, argumentó.

Mora destaca que el texto refuerza el derecho de las personas sordas a comunicarse en lengua de signos y exige accesibilidad plena en todo el proceso policial y judicial; además, recuerda que estos delitos se producen también por motivos lingüísticos y culturales, añadió la asesora.

Ante la persistencia de la infradenuncia, el protocolo busca generar confianza y empoderar a las personas sordas para denunciar, e incorpora medidas de prevención basadas en formación en accesibilidad y lengua de signos para profesionales de seguridad, justicia y servicios públicos, según afirmó Roberto Suárez.

La CNSE y la Guardia Civil mantienen su convenio para avanzar en formación específica sobre comunidad sorda, mientras que la organización pone a disposición el documento —financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Fundación ONCE— en su página web, concluyeron.