Vivienda

CoapiMadrid-AIM y Amadei advierten de que las medidas intervencionistas dificultan el mercado inmobiliario reduciendo la oferta

MADRID
SERVIMEDIA

Las medidas intervencionistas que se han introducido en estos dos últimos años están dificultando el mercado inmobiliario por la restricción producida en la oferta y cerrando vías para acceder a la vivienda, según destacaron distintos participantes en el II Congreso de Derecho Inmobiliario, organizado por CoapiMadrid–AIM y Amadei, en el Auditorio de Banco Sabadell, en Madrid.

Participaron expertos y juristas especializados en el sector inmobiliario. Durante la celebración del congreso fue presentada la Federación de Empresas de Intermediación Inmobiliaria (FEIN), integrada por CoapiMadrid-AIM y Amadei. El presidente de CoapiMadrid-AIM, Jaime Cabrero García, explicó que “esta federación era necesaria para apostar por el dinamismo de los profesionales inmobiliarios en una región tan libre como Madrid”.

Los ponentes señalaron que las medidas legislativas de carácter intervencionista que se han introducido en los dos últimos años han acentuado las dificultades para dinamizar el mercado de la vivienda, especialmente en el alquiler, provocando, a su juicio, la restricción de la oferta, el aumento de precios y la dificultad de acceso a la vivienda.

Según explicó José Merino, Asesor Jurídico de CoapiMadrid-AIM, “el legislador no regula la actividad de intermediación inmobiliaria pero sí interviene la prestación de honorarios”, en relación con el cargo al arrendador de los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato del alquiler de vivienda habitual introducido en la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda. Esta medida, destacó, “ha provocado una subida de las rentas y la restricción de la oferta de alquiler”, por lo que, en realidad, ha perjudicado a los inquilinos.

Respecto a los MASC introducidos en la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, Jesús Martínez Caja, secretario general y asesor jurídico de Amadei, apuntó que “en vez de agilizar los procedimientos judiciales, los está ralentizando porque al exigir al demandante el ofrecimiento previo de negociación supone añadir más tiempo en la duración de los procesos”.

(SERVIMEDIA)
06 Nov 2025
s/gja