Esta entidad subrayó que sin estas medidas "no será posible la plena participación en la sociedad" y demandó la implicación coordinada de administraciones y agentes sociales para cerrar brechas persistentes en accesibilidad y servicios. El Cocarmi, organización que representa al colectivo en Cataluña y forma parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), incidió en "la necesidad urgente de reforzar los apoyos y recursos dirigidos a personas con discapacidad, a sus familias y a los profesionales que trabajan en su atención".

Estas demandas se produjeron ayer, lunes, en Barcelona, en una jornada sectorial sobre accesibilidad organizada por Cocarmi, en la que además se presentó el segundo informe de 'Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad' , elaborado por este comité con la colaboración de sus entidades y con el apoyo del departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya.

Durante la sesión organizada por la entidad, se puso de relieve que, para hacer efectivos los derechos del colectivo, "son imprescindibles más recursos administrativos y formación específica para técnicos y agentes implicados, así como una participación real de las personas usuarias en el diseño y evaluación de las medidas". Las ayudas y apoyos a las familias son una "pieza clave en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, que seguimos teniendo un papel de sostenibilidad del sistema que no nos corresponde", afirmó la representante de Cocarmi Esther Jolonch.

Muchas personas, generalmente mujeres y a menudo sin vocación específica de cuidadoras, se ven abocadas a asumir este papel con la consiguiente sobrecarga física, emocional y económica que representa, lo que conlleva precariedad (porque renuncian a un trabajo remunerado), mayor riesgo de pobreza y pérdida de talento, capital humano, cotizaciones y prestaciones, añadió Joloch. Es necesario "reforzar los apoyos a las familias a lo largo de todo el ciclo vital". Esto implica, según el Cocarmi, "garantizar una atención precoz suficiente, pero también recursos específicos en momentos de transición: la escolarización, la adolescencia, la emancipación o el envejecimiento". "Las familias necesitamos continuidad, estabilidad y seguridad", concluyó.

PROFESIONALES FORMADOS

La también miembro del comité ejecutivo de Cocarmi Íngrid de la Rosa reivindicó el papel de los profesionales y las entidades, "esenciales para hacer efectivos los derechos" y añadió que, "como dice el informe, sin profesionales formados, reconocidos y con condiciones dignas, los derechos no se materializan". Según De la Rosa, es prioritario dignificar las condiciones laborales del sector, "garantizando estabilidad, salarios adecuados, reconocimiento profesional y reducción de la precariedad; y además reforzar la formación continua" de todos los agentes relacionados con el colectivo de personas con discapacidad.

En la citada jornada se explicó que la accesibilidad no sólo beneficia a las personas con discapacidad sino al conjunto de la sociedad. Cocarmi reclamó además "reducir la burocracia y la brecha digital que dificultan el acceso de este colectivo a servicios públicos y derechos fundamentales". La organización también defendió que las políticas públicas deben diseñarse y ejecutarse con la participación efectiva de las personas con discapacidad y sus familias, de manera que se eviten soluciones aisladas y se promueva la inclusión real en todos los ámbitos de la vida social.

DERECHO A LA ACCESIBILIDAD

Precisamente, el derecho a la accesibilidad continúa siendo el principal motivo de las denuncias presentadas en Cataluña por parte de personas con discapacidad, problemas de salud mental o enfermedades raras. Así lo recordó la presidenta del comité, Mercè Batlle, durante la presentación de las conclusiones y propuestas de mejora del informe: subrayó que "la accesibilidad sigue siendo la gran asignatura pendiente". A este derecho le siguen, por volumen de reclamaciones, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la participación en actividades culturales, recreativas, de ocio y deporte, según detalla el informe de seguimiento.

Este trabajo recoge 248 denuncias, de las cuales 40 están relacionadas con el derecho a la accesibilidad, recogido en el artículo 9 de la Convención; 31 con el derecho a la educación (artículo 24); 24 con el derecho a la salud (artículo 25); y otras 24 con la participación en actividades culturales, recreativas, de ocio y deporte (artículo 30). En cuanto a las propuestas de mejora, Batlle reclamó "un mayor compromiso institucional", más inversiones en accesibilidad, avances en educación y empleo inclusivos, el refuerzo de un modelo de atención comunitaria, mayor sensibilización social y la eliminación de una burocracia que, según advirtió, "sigue actuando como una barrera añadida para el ejercicio efectivo de los derechos".