La entidad presentó sus aportaciones a la consulta pública previa sobre el futuro texto reglamentario, en las que pide “incorporar de forma expresa la perspectiva de discapacidad” desde un enfoque basado en los derechos humanos, la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades.

Cocemfe defendió que el voluntariado debe configurarse como “un espacio de participación social abierto, inclusivo y accesible para todas las personas”.

El presidente de la organización, Anxo Queiruga, aseguró que “el voluntariado no puede seguir abordándose desde una mirada asistencialista o paternalista hacia las personas con discapacidad”. “Somos también personas voluntarias, agentes activos de ciudadanía y protagonistas de la transformación social”, afirmó.

Entre sus propuestas, la Confederación reclamó “garantizar la accesibilidad universal” en todas las fases de la acción voluntaria, desde la información y la captación hasta la formación, el desarrollo de la actividad y el reconocimiento de la participación.

En este sentido, pidió que la accesibilidad “deje de depender de decisiones puntuales” de cada entidad y pase a convertirse en “una obligación estructural” del sistema de voluntariado.

Asimismo, solicitó que el futuro Reglamento contemple expresamente el derecho de las personas con discapacidad a solicitar y obtener ajustes razonables que permitan “su participación en igualdad de condiciones”, mediante procedimientos claros y accesibles.

Cocemfe también incidió en la necesidad de “reforzar la formación en discapacidad, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y autonomía personal” tanto para las entidades como para las personas voluntarias, con el fin de “evitar estereotipos y garantizar un enfoque respetuoso con los derechos humanos”.

La organización reclamó además “una mayor participación de las entidades representativas de la discapacidad” en los órganos de planificación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de voluntariado.

Otro de los aspectos planteados es la “mejora de los sistemas de recogida de datos” para conocer la participación real de las personas con discapacidad en la acción voluntaria y la necesidad de “reforzar la delimitación entre voluntariado y empleo” para evitar que actividades voluntarias sustituyan puestos de trabajo o servicios profesionales.

Cocemfe defendió también un modelo de voluntariado “diverso e interseccional”, que tenga en cuenta las realidades específicas de mujeres con discapacidad, personas con grandes necesidades de apoyo, mayores, jóvenes y quienes viven en entornos rurales.

“Es fundamental avanzar hacia un modelo de voluntariado accesible, de calidad y basado en derechos, donde todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones”, concluyó Queiruga.