La coordinadora ecologista ha recordado a las administraciones regionales que les correponde a ellas gestionar el pago de este tipo de indemnizaciones.

Sin embargo, califican de "negligente" la postura que mantienen lasdistintas comunidades afectadas, ya que la Coda asegura que algunas pagan las indemnizaciones con más de medio año de retraso.

El lobo es una especie en peligro de extinción que está protegida por el convenio sobre conservación de la naturaleza, firmado en Berna en el año 1979 y ratificado por España en 1986.

No obstante, la mala imagen que tiene entre las poblaciones rurales como consecuencia de los daños que causan al ganado y a utilización de métodos no selectivos en la actividad cinegética suponen un peligro para su supervivencia.

Por ello, la Coda ha solicitado a los gobiernos autonómicos que realicen un seguimiento pormenorizado de todas las batidas y monterías ejecutadas en los lugares de distribución del lobo, así como el incremento de las sanciones administrativas contra el furtivismo y su tipificación en el Código Penal.

En España el lobo presenta una situación delicada en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremdura, mientras que Galicia es una de las principales reservas de esta especie en Europa.

Esa comunidad autónoma acoge el 24 por ciento del total de ejemplares que viven en el área occidental del viejo continente y presenta unos índices de densidad que oscilan entre 1,8 y 2,6 lobos por cada 100 kilómetros cuadrados.

Un estudio del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona) sitúa en torno al centenar el número de ejemplares que habitan en la comunidad gallega.

Para mejora los conocimientos sobre el lobo, la Coda también ha solicitado la apertura de nuevas investigaciones sobre su situación genética en la Península Ibérica y el papel biológico que desempeña en cada región.