En un comunicado, la asociación advierte de que esta revisión regulatoria llega en un momento especialmente delicado, con una producción que ha caído ya un 50% en los últimos cinco años y 1.300 millones de inversión bloqueados por el retraso de las subastas prometidas por el propio ministerio.

“Estamos ante una propuesta de ruina, con nuevas caídas de facturación tras las más de 1.500 millones ya sufridas, pérdida de empleo y repunte de precios para un sector castigado por años de parálisis regulatoria”, denuncia Acogen.

Transición Ecológica ha lanzado a consulta pública la “propuesta de Orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos” para el periodo 2026–2031.

En ella, el ministerio ha modificado los criterios de reconocimiento de costes que se veían aplicando desde 2014 y reducido los parámetros retributivos de la nueva metodología aprobada en 2024.

El cambio más grave, según acogen, afecta al reconocimiento de los costes de CO₂, más de 500 Millones de euros anuales que las cogeneraciones pagan al Ministerio por los derechos efectivamente adquiridos menos los asignados gratuitamente a sus industrias asociadas.

El nuevo criterio reduce los costes reconocidos e implica que todas las industrias deberán abonar ahora a las plantas de cogeneración costes de CO₂ del calor suministrado, una hipótesis que Acogen considera “injusta” e “inviable” con un impacto directo superior a 250 millones de euros anuales.

Paralelamente, la patronal explica que el ministerio reconoce para 2026 solo un incremento de un 1% anual en los costes de operación y mantenimiento (O&M) desde el año 2020, cuando las cuentas auditadas en un reciente informe de PwC sobre los costes que ha registrado el sector acreditan que en 6 años han subido en torno a un 50%, lo que supone otros 150 millones de euros no reconocidos.

A ello se suma un posible error en el cálculo del valor de ajuste de 2023, que Acogen cifra en 200 millones de euros aún pendientes de cobro, de los cuales el ministerio habría detraído arbitrariamente unos 75 millones al modificar el método de cálculo.