Así lo alertó en un comunicado en el que defendió que el escudo social “está en peligro” y recordó que el próximo día 27 tendrá lugar la votación en el Congreso que debe convalidar el decreto ley que el Gobierno aprobó el pasado diciembre para prorrogar un año más la medida que mantiene suspendidos hasta 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país. “Sin embargo, a cuatro días de la votación, no está garantizada la mayoría parlamentaria para evitar que todas esas familias se queden en la calle”, advirtió.

Las organizaciones de la plataforma #NiUnDesahucioMás ya mantuvieron una ronda de reuniones en diciembre con el objetivo de lograr la aprobación del Real Decreto en el Consejo de Ministros y asegurar el voto favorable en el debate y la votación previstos para la próxima semana en el Congreso de los Diputados. En este contexto, tiene más reuniones agendadas con PNV y Junts, este viernes y el lunes respectivamente, para asegurar su voto y “dar tranquilidad a las familias”.

70.000 DESAHUCIOS

A nivel estatal, en caso de decaer la medida, se calcula que se podrían reactivar hasta 70.000 desahucios que se habrían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025. A ello habría que sumar los 27.564 desalojos que se producen al año y sobre los que las administraciones públicas apenas pueden garantizar alternativas residenciales.

“No nos podemos permitir el drama social que implicaría la reactivación de 70.000 procesos de desahucio de familias vulnerables sin alternativa habitacional”, aseveró, al tiempo que calificó de “intolerable” la “incertidumbre a la que están sometiendo a las familias que esperan poder quedarse en sus casas o encontrar una solución habitacional digna”.

La plataforma avanzó que utilizará todas las herramientas de la sociedad civil a su alcance para “evitar la ola de desahucios” que, a su juicio, se puede producir si la moratoria decae, especialmente ante la falta de previsión de planes de choque por parte de las Administraciones Públicas en caso de que decaiga la medida.

La coalición #NiUnDesahucioMás reiteró su llamado a la responsabilidad de los representantes de los intereses de la ciudadanía, que, a su juicio, “deben garantizar que la moratoria siga adelante, además de comprometerse a trabajar en medidas que ofrezcan a las familias soluciones definitivas a la crisis de vivienda”.

Una “propuesta de mínimos” que, a su juicio, incluya un plan de actuación urgente que asegure el mantenimiento de la vivienda -o un realojo digno- con la movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda, el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la Sareb, especialmente ante el anuncio de la venta inminente de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión.