Martí Mingarro indicó hoy en conferencia de prensa que el fundamento de las quejas de los abogados es "consistente" en lo que se refiere a los problemas económicos, "pero no queremos aceptar ningún reproche sobre el funcionamiento del servcio, que es de reconocida eficacia y calidad".

Para confirmar sus palabras, el decano entregó un amplio informe sobre los resultados del servicio durante 1992 y destacó que de 6.000 asistencias durante ese año, sólo se registró un 0,4 por ciento de quejas contra los letrados del turno de oficio, lo que representa una cifra de 5 abogados de los 4.000 adscritos a las asistencia de justicia gratuita.

El decano madrileño reconoció que las retribuciones a estos abogados se pagan "tarde y mal", de form que el Ministerio de Justicia todavía adeuda los 2.690 millones de subvención para el primer semestre de 1993, "que aunque ya han sido librados, todavía no han llegado al bolsillo de los letrados".

De esta cantidad, 320 millones corresponden a los servicios por el turno de oficio en Madrid, y 120 por la asistencia letrada al detenido en la misma comunidad.

Asimismo, "una porción" del segundo semestre del año anterior todavía no ha sido retribuida por el Gobierno, aunque el propio Colegio de Madrd pidió un crédito para adelantar el dinero a los abogados.

Martí Mingarro destacó sin embargo la necesidad de acabar con "los falsos pobres" y aseguró que ha "detectado" una buena línea de trabajo en las negociaciones con el actual ministro de Justicia para abordar el desarrollo de una ley del turno de oficio "que permita delimitar a quién se le confiere el beneficio de la justicia y cómo va a ser remunerado".

El decano insistió que no se ha producido una falta de transparencia ni en la designacón de abogados para el turno de oficio ni en el pago de las retribuciones, que se realiza a través del Colegio de abogados.

Comentó también que la gestión del servicio debe seguir a cargo de los colegios profesionales y no del ministerio, tal y como reclaman los aboagdos encerrados, "porque la independencia sólo se consigue si es el colegio el encargado de gestionar".

Para recalcar su teoría aludió a un informe realizado por la Intervención General de la Adminitración del Estado en el que se afira que el procedimiento de gestión y el sistema de control establecido en el Colegio de Abogados de Madrid para el turno de oficio "nos parecen adecuados".