Un comunicado difundido por el Colegio de Abogados de Madrid indica que, "con ello se han de termina los abusos y la quiebra del Estado de Derecho que, en esta materia, afectaban sustancialmente al secreto profesional de los abogados, elemento indeclinable del Derecho Constitucional de Defensa".

A partir de ahora, la administración penitenciaria no podrá acordar ninguna clase de intervención en la comunicación recluso-abogado, ni con el letrado expresamente llamado en asuntos penales antes de personarse en la causa.