En una rueda de prensa para presentar los Presupuestos de la Seguridad Social para 1998, Aparicio dejó claro que la intención del Gobierno es pagar las indemnizaciones, que se calcula que rondan el medio billón de pesetas, pero dijo que esta sentencia no debe penalizar a un Gobierno que nada ha tenido que ver con la génesis del probema.

Por ello, Aparicio dijo que es necesario ver mecanismos que permitan trasladar la carga financiera derivada de la sentencia del Tribunal Supremo a varios años, sin que afecte al déficit público. "Lo normal es que se permitiera un razonado recurso a la deuda para que a medio plazo la sociedad española pudiera afrontarlo sin afectar al déficit", indicó.

No obstante, Aparicio indicó que las cantidades a las que ascenderán las indemnizaciones no están cuantificadas con absoluta precisión, ya quecada afectado por la colza deberá pedir individualmente la ejecución de la sentencia.