Este proyecto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece “que el comercializador no podrá realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa”.

ACIE defiende la necesidad de erradicar las malas prácticas comerciales, pero desde un enfoque que mejore la transparencia y la regulación, no que elimine canales de comunicación con el consumidor.

“Las llamadas son una herramienta válida y eficaz para que el consumidor pueda conocer y comparar distintas ofertas y servicios energéticos. Al igual que otros canales, tiene ventajas e inconvenientes, pero su prohibición supondría un retroceso en la libertad de elección del usuario”, afirma Julio César Nieto, presidente de ACIE.

A este respecto, ACIE recuerda que la Ley General de Telecomunicaciones ya establece mecanismos para evitar las llamadas no deseadas, garantizando la protección del consumidor sin necesidad de recurrir a restricciones absolutas.

Asimismo, sostiene que se ha mejorado el control a través de la regulación de una numeración específica. Por ello, concluye que “El objetivo debe ser ofrecer al consumidor el mayor número de canales de comunicación posibles, asegurando su protección y evitando los perjuicios derivados de medidas excesivamente restrictivas”.

ACIE reúne a 23 de las principales comercializadoras independientes del país y representa a las compañías que comercializan más del 20% de la electricidad y más del 30% del gas natural en España.