La Fiscalía solicita nueve años de prisión para Jordi Pujol y penas que van de los ocho a los 29 años para sus hijos y Mercè Gironès, exmujer del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. El procedimiento comenzó esta mañana con el informe de los forenses de la Audiencia Nacional, que consideraron que el patriarca del clan está en condiciones de seguir la vista, una decisión que puede ser revocada en cualquier momento de juicio, tal y como ha explicado el presidente del tribunal, Ricardo de Prada.

La Audiencia Nacional decide así que el expresidente de la Generalitat, de 95 años, está en condiciones de afrontar el proceso penal, aunque le permite hacerlo desde su casa y por videoconferencia. Su declaración está prevista para las últimas sesiones del juicio previstas para la primavera de 2026.

La decisión del tribunal choca con un informe forense previo encargado por la Audiencia Nacional, que concluían que Pujol no estaba “en condiciones físicas ni cognitivas” para defenderse con garantías y afrontar el proceso. El propio expresidente ha hablado con los magistrados para decir que está “a su disposición para responder lo mejor que sepa”, aunque señalando que “muy en forma no estoy”.

La vista a puerta cerrada y por videoconferencia se celebró antes del comienzo formal de juicio. En su transcurso se ha preguntado directamente a Jordi Pujol si estaba en condiciones de reconocer documentos, ante lo que ha asegurado que “lo intentará”. El expresidente estuvo asistido por su abogado. Los forenses se han ratificado en que el procesado no está en condiciones de seguir el juicio.

Tras un breve receso, los magistrados han decidido que el juicio siga adelante contra Pujol. Según la Fiscalía, el expresidente y su esposa, Marta Ferrusola, fueron cabeza de una organización criminal dirigida obtener ingresos ilícitos a través del pago de comisiones de empresarios que conseguían adjudicaciones. Eran los hijos mayores, Jordi y Josep, lo que gestionaban esos ingresos que se repartían entre todos los hijos.