Según el Ejecutivo europeo, estos proyectos de transportes violan la directiva de 1985 sobre evaluación de incidencias en el medio ambiente, así como las modificaciones de la directiva de 1997.

De acuerdo con la Comisió, su decisión sobre las líneas ferroviarias españolas citadas está justificada ya que en ambos casos, las autoridades españolas no cumplieron con su obligación de realizar una evaluación de las incidencias sobre el medio ambiente, conforme a la directiva.

Asimismo, el Ejecutivo ha interpuesto otros recursos contra Portugal, Grecia, Bélgica y Luxemburgo por incumplimiento de las mismas directivas.

Además, la Comisión planteará un recurso contra España, Grecia y Luxemburgo ante el Tribunal de Justiia de las Comunidades Europeas por no haber adoptado e informado a la Comisión de las medidas nacionales de transposición y modificaciones de la directiva de 1997. Los Estados miembros tenían hasta marzo de 1999 para realizar la implantación de las normas.