La compañía ferroviaria española concede a estas familias un descuento es sus servicios. Sin embargo, la legislación europea (artículo 169 del Tratado de la Comunidad Europea) extiende estas ventajas a las familias de los trabajadores transfronterizos. En este caso, la Comisión ha abierto un procedimiento porque RENFE no ofrece descuentos a las familias de los traajadores residentes en otros países de la Unión Europea.

La legislación española sólo permite estos descuentos a los residentes en el territorio nacional. Este requisito es discriminatorio e injustificado, a juicio de la Comisión, que ha decidido también mandar un dictamen motivado (uno de los pasos en el procedimiento de infracción) a Luxemburgo y Bélgica, por la misma causa.

Según los artículos 48 y 52 del Tratado CE, los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias tienen derecho a la mismas prestaciones que los ciudadanos del país en el que trabajen, especialmente a las sociales.

FUNCION PUBLICA

Pero España ha recibido hoy una doble amonestación. Bruselas considera también que el marco jurídico español impide a los ciudadanos comunitarios de los demás Estados miembros trabajar en la mayoría de los sectores de la función pública. Este hecho fue denunciado en 1997.

A pesar de la actitud colaboradora de las autoridades españolas desde esa fecha, la Comisión ha detectado que prsisten los obstáculos. Estos derivan, sobre todo, de la Ley 17/1993, que reconoce el derecho de los ciudadanos comunitarios a acceder a todos aquellos empleos que no supongan una participación en el ejercicio del poder público.

Pero ésto sólo resulta válido si la Administración -del ámbito que sea- especifica qué empleos no suponen dicha participación.