El paquete, conocido como 'ómnibus', introduce cambios específicos en la normativa de la Unión Europea (UE) sobre plaguicidas. En la actualidad, las sustancias activas se aprueban por un periodo limitado de 10 a 15 años, tras el cual deben renovarse.

Sin embargo, con la nueva propuesta, las renovaciones pasarían a ser indefinidas, salvo cuando la sustancia cumpla determinados criterios, como ser peligrosa o estar clasificada como "candidata a la sustitución", lo que significa que pronto debería ser reemplazada por una alternativa más segura.

Otras excepciones se aplicarían cuando existan pruebas documentadas de que las sustancias activas son necesarias para controlar un peligro grave para la sanidad vegetal o la producción, y cuando no existan alternativas razonables. Según el proyecto, al que ha tenido acceso Euractiv, estas sustancias podrán aprobarse por un periodo máximo de cinco años.

Esta propuesta refleja el principio de "no prohibir sin alternativas", elogiado por la visión de la Comisión sobre el futuro de la alimentación y la agricultura. Se produce en un momento en que las investigaciones indican que los agricultores de la UE siguen teniendo dificultades para eliminar totalmente determinados productos prohibidos.

La propuesta de la Comisión garantizaría que los plaguicidas peligrosos prohibidos en la UE no puedan volver a entrar en el mercado europeo a través de productos importados. Para ello, prohibiría cualquier residuo detectable de los plaguicidas más peligrosos, los cuales ya están vetados en la UE.

Para ello, la propuesta elimina el término "tolerancia en la importación" y confirma que las "buenas prácticas agrícolas" que fijan los límites de residuos deben aplicarse por igual a los productores de la UE y de terceros países.

Esa política parece satisfacer las demandas de reciprocidad de los agricultores en las normas de producción.

IMPULSO A LOS BIOPLAGUICIDAS

Para reducir la dependencia de los agricultores de los pesticidas químicos, algo que ha solicitado el Parlamento Europeo, la propuesta también pretende acelerar el acceso al mercado de los bioplaguicidas.

El texto exige una definición clara de los biopesticidas, evaluaciones en un plazo de doce meses y facultar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) para que actúe como ponente cuando los Estados miembros carezcan de los conocimientos necesarios.

El acceso de los agricultores se agilizaría mediante autorizaciones provisionales basadas en un proyecto de evaluación positiva, que posteriormente se convertirían en una aprobación plena a menos que cambien las condiciones, según reza el borrador de la propuesta.

La Comisión también sugiere reducir las cargas administrativas tratando a todos los países de la UE como una zona única, con reconocimiento mutuo automático de las decisiones aplazadas sobre productos de bajo riesgo o de biocontrol.

Además, el proyecto aclara que el requisito de tres años de mantenimiento de registros para los usuarios profesionales no se aplicaría a los productos que contengan exclusivamente sustancias de biocontrol.

Otros elementos nuevos son el uso de alimentos o piensos elaborados con microorganismos modificados genéticamente. Estos no deben clasificarse como "producidos a partir de organismos genéticamente modificados" mientras no queden células viables de ese origen en el producto final, reza el documento.