La Comisión Europea ha propuesto una modificación para reforzar la cooperación entre la Fiscalía Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y los Estados miembros. El objetivo es proporcionar una base jurídica para el intercambio de información y el acceso a los datos del IVA con el fin de mejorar la capacidad de la UE "para combatir el fraude contra los intereses financieros de la Unión".