A través de un comunicado, informó de que, al introducir la notificación digital en tiempo real del comercio transfronterizo, los Estados miembros obtendrán la "valiosa información que necesitan para intensificar la lucha contra el fraude del IVA, especialmente el fraude en cascada".

Se estima que este tipo específico de fraude transfronterizo del IVA, el fraude intracomunitario del operador desaparecido (MTIC), cuesta a los contribuyentes de la UE entre 12.500 y 32.800 millones de euros al año y "con frecuencia está orquestado por organizaciones delictivas".

"El fraude carrusel es solo una parte de la brecha general de cumplimiento del IVA, es decir, la diferencia entre los ingresos del IVA esperados suponiendo el pleno cumplimiento y los ingresos reales del IVA recaudados, que para 2022 se estimaron en 89.300 millones para la UE", según apuntó la Comisión.

Esta propuesta es el siguiente paso en la lucha en curso contra el fraude del IVA, pues dota a la Fiscalía Europea y a la OLAF de acceso inmediato a los datos del IVA, lo que permite una evaluación rápida a escala de la UE de las investigaciones de fraude. Al equipar a estas agencias con información oportuna y completa, las actividades fraudulentas pueden identificarse, detenerse y procesarse rápidamente.

La Comisión Europea destacó que esta colaboración reforzada "no solo refuerza la lucha contra el fraude transfronterizo, sino que también fomenta un entorno empresarial justo y equitativo en toda la UE".

La propuesta también establece canales de comunicación directos y eficientes entre la Fiscalía Europea, la OLAF y Eurofisc —la red europea de funcionarios de los Estados miembros encargados de luchar contra el fraude del IVA— que mejoran su capacidad para coordinar las investigaciones transfronterizas y compartir inteligencia crítica en tiempo real. Las herramientas de cooperación liberarán el potencial de las soluciones digitales existentes y nuevas en relación con el intercambio seguro de información fiscal para la lucha contra el fraude fiscal.

La propuesta se presentará al Consejo Europeo para su acuerdo y al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social para su consulta. Los cambios entrarán en vigor y activarán la fase de aplicación, una vez que los colegisladores hayan alcanzado un acuerdo sobre la propuesta y tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.