Sin embargo, sí salieron adelante varias transaccionales, incluida, con el voto socialista, la enmienda de supresión de los puntos 11 y 12 de la disposición final cuarta sobre los artículos 187 y 187 bis impulsada por el PNV con el respaldo de Bildu, Ciudadanos, Unidas Podemos, ERC, y la CUP.

Dicha enmienda supone la supresión de todo el contenido referido a la tercería locativa o lucro por alquilar un espacio donde se prostituye a una persona aun con su consentimiento, que condena hasta con tres años de cárcel a los dueños de prostíbulos y con el cierre del local.

En el transcurso del debate, la diputada socialista Laura Berja puntualizó que “quien pone en peligro una ley es quien amenaza con votarla en contra” y recordó que esta norma “es un compromiso de todo el Gobierno y también del PSOE”, al entender que se trata de una ley “necesaria e imprescindible”.

Tras reconocer que ha sido “una ponencia muy dura” y que su grupo parlamentario “ha sufrido acusaciones de todo tipo”, aseveró que, para el Grupo Socialista, “es una prioridad irrenunciable lo que se aprueba en un congreso del PSOE”, en referencia a la abolición de la prostitución.

LA ABOLICIÓN, IRRENUNCIABLE

Después de aseverar que abolir la prostitución es, para su grupo, “irrenunciable”, advirtió de que el PSOE "nunca, nunca ha puesto en riesgo su posición en función de lo que pasara con el proxenetismo en esta ley y tiene a todos sus diputados con el sí a esta ley desde el principio”. Por el contrario, estimó que el resto de grupos “sí han puesto en riesgo esta ley” e insistió en que la persecución del proxenetismo es "una prioridad" para el PSOE, consciente de la importancia de "no perder ni un minuto en ser exigentes en la tipificación penal del proxenetismo”.

“Para el PSOE, la prostitución es una forma clara de violencia sexual y de tremenda violencia machista”, incidió, para asegurar que, en una ley contra la violencia sexual “no deberíamos dejar fuera a quien ejerce la violencia terrible contra las mujeres, los que se lucran de la prostitución, los proxenetas”. "No podemos mirar a otro lado ante la crueldad que supone que tengamos campos de concentración de mujeres en las carreteras españolas”, concluyó, para anunciar que este mismo jueves “a primera hora” el PSOE registrará la proposición de ley con “el mismo texto” a pesar de las “muchas presiones” recibidas porque, con la abolición, "no se va a mover ni un milímetro ni a mercadear con los derechos de la mujer".

PROTECCIÓN INTEGRAL

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos - En Comú Podem- En Marea, Martina Velarde defendió que la Ley “fortalece el marco legal vigente para asegurar una protección integral a las víctimas de violencia sexual” y prevé recursos especializados, formación específica y una “ruta de atención especializada que minimice esa revictimización a la que se enfrentan las víctimas”.

“Es hermana del ‘yo sí te creo’, el ‘solo, sí es sí’, el 'me too' o la sentencia de la manada y se la debemos a los millones de mujeres de España que han sufrido violencias sexuales sin el debido respaldo y respuesta por parte del Estado y sin el apoyo necesario en los procesos judiciales que hemos ido viendo estos últimos años y a quienes se encuentran también sufriendo gravísimas vulneraciones como es la violencia sexual”, resolvió.

OTROS GRUPOS

Por el PP, la diputada Marta González juzgó “fundamental” que la violencia sexual “tenga un tratamiento específico, al igual que lo tiene la violencia de género" en la legislación y "que las víctimas cuenten con todo el apoyo y con toda la protección”. En paralelo, criticó la intención de Igualdad de suprimir la distinción entre agresión y abuso sexual, que, dijo, “en la práctica”, supondrá “una rebaja de las penas en los delitos más graves” por “falta de previsión y falta de aptitud” del Gobierno.

Por Vox, la diputada Lourdes Méndez aseveró que la ley “no es garantista y es discriminatoria” y que la lucha contra todo tipo de violencia “no se realiza vulnerando derechos constitucionales, introduciendo la perspectiva de género, abundando en la afirmación absurda de sociedad machista o en un feminismo enfermo, criminalizando a todos los hombres y victimizando a todas las mujeres o convirtiendo la nuestra en una sociedad irrespirable” a través de una norma que, auguró, "no va a disminuir, lamentablemente, las agresiones sexuales y que va a generar muchos problemas”.

Por el Grupo Republicano, Pilar Vallugera (ERC) lamentó que, pese a que esta ley “es muy importante”, los parlamentarios han sido “tan poco inteligentes” que han “entrado en una batalla campal" entre feministas "por un tema que no tenía nada que ver con el principio básico de la ley", que era, según su criterio, "defender a las mujeres y dar las garantías para que su libertad sexual fuera respetada siempre y en todas partes”.

Por el Grupo Plural, Pilar Calvo (Junts) recordó la importancia de “diferenciar” entre tratas con fines de explotación sexual y prostitución forzada, dos “realidades” que juzgó "completamente distintas que requieren de abordajes diferentes”. “Ante una realidad incuestionable de que hay mujeres que deciden voluntariamente ejercer la prostitución y de que esta ley no va a acabar con la prostitución, nos inclina a pensar en que es mucho mejor una regulación que no las haga más vulnerables”, concluyó.

Por Ciudadanos, Sara Giménez hizo hincapié en que la Ley introduce “expresamente como forma de comisión de una agresión sexual la denominada sumisión química o el uso de psicofármacos”. Además, también lamentó que el PSOE haya querido introducir “una penalización que no corresponde a esta legislación”, como es el caso de la tercería locativa.

Por el PNV, Joseba Andoni Agirretxea recordó que la Ley debería haber sido una “respuesta legislativa a tanta violencia, a tanta agresión, a tanta manada y consecuencia de un clamor popular, consecuencia de una injusticia, consecuencia de una necesidad”. “Y eso necesitaba un corpus jurídico suficiente para que, de una vez por todas, no tuviéramos que andar buscando explicaciones en un tribunal de si alguien llevaba la falda muy corta”, sentenció, para criticar que se hayan intentado incorporar "otros elementos que nada o poco tenían que ver con eso”.

Por Euskal Herria Bildu, Isabel Pozueta coincidió en que el debate sobre la prostitución “necesita de un espacio y de un tiempo amplio, con la participación de las mujeres que ejercen la prostitución” y que era “ajeno al objeto de esta ley”, mientras que, por el Grupo Mixto, Mireia Vehí (CUP) criticó que el texto “tira de Código Penal para atajar problemáticas que no son cuestión de Código Penal”. "El no es no ya servía y el problema es que los jueces no aplican este Código Penal que ya es vigente y ya es bastante duro”, resolvió.