El resultado de la votación del dictamen del texto que había sido remitido por el Congreso fue de 19 votos a favor, ninguno en contra y tampoco abstención alguna. El que ninguna fuerza polítca votara en contra (el PNV, por ejemplo, había presentado un veto) se debe a que sus representantes habían abandonado la sala de la comisión antes de proceder a la votación.

Del mismo modo, la mayoría del PP en la Cámara Alta permitió rechazar todas y cada una de las enmiendas que habían sido presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

Sin embargo, el eje central de la discusión parlamentaria de la reforma que tuvo lugar esta tarde en la Comisión de Justicia giró en torno a la iniciativ de veto que presentó el PNV contra la totalidad del texto legislativo propuesto.

El portavoz nacionalista vasco, Joseba Zubía, coincidió con el PP en que se hace necesario responder al desafío terrorista desde la ley para defender a los ciudadanos. Sin embargo, rechazó que la reforma prevista "vaya a ser la solución legislativa definitiva" que dé respuesta a ese problema.

Opino Zubía que la pretensión del Gobierno "esconde un mucho de voluntarismo" y afirmó que "el sistema penal vigente en Españ cuenta con instrumentos legales suficientes" para encarar con garantías la lucha contra el terrorismo".

En tal sentido, manifestó su convencimiento de que "la firmeza contra el terror no se demuestra con cambios de la legislación penal día sí y día no. Será una iniciativa efectista pero ineficaz, que en la práctica supone la ruptura del principio de igualdad ante la ley", aseveró.

RESPUESTA NECESARIA

El portavoz del PP, Alfredo Prada, contestó a las críticas peneuvistas asegurando que las refomas previstas "sí refuerzan la lucha contra el terrorismo y suponen la respuesta necesaria a los que utilizan el lenguaje de la violencia".

Al respecto, enjuició que se encuadran perfectamente en el marco constitucional, "pero sin complejos ni ambigüedades" y como una respuesta inequívoca que la sociedad "nos venía exigiendo".

"Hasta ahora, los terroristas gozaban de ciertas zonas de impunidad", explicó Prada, "y para evitar estas situaciones se precisan las reformas planteadas", arguyó.

Aseuró, rebatiendo una acusación que en tal sentido había realizado el portavoz del PNV, que el proyecto "no establece medidas excepcionales; al contrario, se ajusta perfectamente al texto de la Constitución española".

Por su parte, el portavoz socialista, José Antonio Marín Rite, anunció desde el primer momento el apoyo de su grupo al texto legisativo, si bien advirtió al PP de que no cayera en el error de considerar la aplicación de las medidas que contiene como la panacea contra el terrorismo.

"N nos gustó de entrada", dijo Marín Rite, "una determinada forma de presentar este proyecto de ley en el Congreso por parte del ministro de Justicia, Angel Acebes, puesto que se apreciaba cierta exageración en relación con la eficacia del proyecto".

Agregó el senador socialista que las reformas previstas "pueden ser un instrumenmto válido en la lucha contra esta lacra del terrorismo", pero recomendó "no caer en el error de transmitir el mensaje de que solo con esto acabamos con el terrorismo", dijo.

ASTIGOS

Las reformas propuestas establecen que los menores de entre 16 y 18 años condenados por terrorismo podrán ser castigados con una pena de entre uno y ocho años de internamiento, que se podrá complementar con libertad vigilada hasta un máximo de cinco años.

Si los condenados son menores de 16 años, el internamiento podrá ser de entre uno y cuatro años, y la pena complementaria de libertad vigilada podrá alcanzar los tres años.

Sin embargo, el internamiento podrá llegar a los diez años n el caso de los menores entre 16 y 18 años, y a los cinco para los menores de edad comprendida entre los 14 y los 16 años, cuando sean condenados por más de un delito en concurrencia, y alguno de ellos esté calificado como grave y sancionado en el Código Penal con pena de prisión igual o superior a quince años.

En este último caso, el juez podrá también imponer una pena de inhabilitación absoluta, por tiempo superior de cuatro a quince años de la duración del internamiento, atendiendo a la gravedad dl delito, al número de los cometidos, y a las circunstancias que concurran en el menor.

La competencia para estos delitos recaerá en el Juzgado Central de Menores que se creará en el ámbito de la Audiencia Nacional. Estas penas de internamiento o inhabilitación se extenderán también a otros delitos graves que pudieran cometer los menores, como homicidio, asesinato, o delitos sexuales.

El texto aprobado establece también la pena de inhabilitación absoluta por tiempo supeior entre seis y veinte año al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta, para los condenados por pertenencia o colaboración con banda armada.

Asimismo, se fija la pena de prisión de uno a dos años para quienes enaltezcan o justifiquen, por cualquier medio de expresión o difusión, los delitos de terrorismo, a quienes hayan participado en la ejecución de estos delitos, o realicen actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares.