Según la CLI, el reglamento se debería haber aprobado a través del mecanismo de ley orgánica, por modificar un derecho recogido en la Constitución, concretamente el derecho a la intimidad.

La Comisión de Libertades e Informática asegura que la decisión del Tribunal Supremo supone un paso adelante en el control al recorte de derechos que a su juicio se está produciendo sin criterio ni control amparándose en la lucha contra el terrorismo.