Según indicó este miércoles a Servimedia la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (Priva), con esos datos ya son 131 solicitudes las que ha recibido desde que entró en funcionamiento este mecanismo en febrero de 2025 hasta el 2 de marzo de 2006, según el balance disponible.

La comisión Priva ha emitido un total de 83 dictámenes de reparación (de las citadas 131 solicitudes recibidos), que tienen que asumir las congregaciones religiosas o las diócesis. En caso en que no puedan hacer cargo, en segunda instancia estarían la Conferencia Episcopal y la Confer.

La cuantía destinada a casos resueltos en la comisión Priva hasta enero (61 casos y otros 8 en estudio entonces) ascendió a 1.858.420,00, por lo que ya se habrían superado los dos millones de euros. Pero la reparación que ofrece este instrumento no es sólo estrictamente económica (a lo que se refiere el citado coste), también contempla la asunción de los costes de tratamientos que se hayan precisado como consecuencia del daño; y la reparación moral, que pasa por la petición de perdón o el compromiso de acompañamiento y prevención de casos futuros.

Según ha podido saber Servimedia, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la CEE y la Confer están ultimando el documento que rubricarán junto al Defensor del Pueblo previsiblemente este jueves en cumplimiento al compromiso adquirido en enero. Entonces, rubricaron el acuerdo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y los representantes de la Iglesia, Luis Argüello (presidente de la Conferencia Episcopal) y Jesús Díaz Sariego (Conferencia de Religiosos, Confer) y se emplazaron a hacer lo mismo con el Defensor del pueblo en el plazo de un mes.

Según lo establecido, si las víctimas que cumplen los supuestos acuden a la Oficina del Defensor del Pueblo ésta estudiará los casos y propondrá una forma de reparación que será analizada por la Comisión Priva. En caso de discrepancia, una comisión mixta lo valorará y, en última instancia, si no hay acuerdo, será resuelto por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la Confer.