Con este acuerdo, la Comisión dispondrá de una estructura de asesoramiento jurídico para su toma de decisiones a través de los abogados del Estado, siempre que lo solicite, además de representación legal y defensa ante cualquier orden jurisdiccional en los mismos términos que los previstos para la Administración.

La única salvedad al acuerdo es la que fija la incompatibilidad de representaciónlegal y asesoramiento en aquellos casos en los que exista contraposición entre los intereses de la Comisión y los del Estado.