Estas son dos de las cuatro modificaciones que, según el Senado, la Comisión de Venecia incorporó a su dictamen. En la primera de ellas, la Comisión de Venecia denuncia que no existe “ninguna causa justificada” para ampliar el alcance temporal de la amnistía y habla de reducirlo.

En este sentido, subraya que “no hay ningún vínculo causal” para que la aplicación de la amnistía se haya extendido en dos meses y empiece ahora a aplicarse a partir del 1 de noviembre de 2011.

El órgano consultivo sentencia así que el periodo temporal de la amnistía, que afecta a los actos cometidos entre el 1 de noviembre de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, es “bastante extenso” y el legislador “no ha proporcionado ninguna explicación sobre por qué estas fechas son apropiadas”. “Por lo tanto”, continúa el texto, “recomienda reducir el alcance temporal de aplicación de la amnistía”.

DELITOS DE TERRORISMO Y MAYORÍAS

En paralelo, la Comisión de Venecia advierte de que la ley de amnistía permite que algunos delitos de terrorismo tipificados como tales por las directivas europeas puedan ahora ser amnistiados.

Para sostener esta afirmación, apunta que la propia Comisión Europea ya “ha subrayado que la redacción actual significa que no todos los delitos terroristas” tipificados por la directiva de lucha contra el terrorismo “están excluidos del alcance del proyecto de ley de amnistía”.

En tercer lugar, el órgano consultivo introduce en su dictamen una enmienda del Senado en la que incide en la necesidad de lograr una mayoría cualificada más reforzada para aprobar una ley de estas características.

“La Comisión recomienda a las autoridades, aunque el proyecto de ley de amnistía, al ser una ley orgánica, pueda ser aprobado por mayoría, a intentar alcanzar una mayoría cualificada más alta”, recoge la modificación incorporada al informe.

CITAR A JUECES AL CONGRESO

Por último, la Comisión de Venecia advierte de que se vulneraría la separación de poderes y la independencia del poder judicial si las distintas comisiones de investigación aprobadas por el Congreso de los Diputados citan a jueces.

“La Comisión considera que para cumplir con los principios de separación de poderes y de independencia del poder judicial, las comisiones de investigación establecidas por el Congreso de los Diputados de España no deberían tener el mandato de citar, ni buscar requerir, ni siquiera invitar a los jueces a presentar informes ante ellas, en particular sobre los méritos de los casos que han decidido. Por lo tanto, no es suficiente que los jueces no estén obligados a comparecer ante el Parlamento”, señala el texto, que cierra así la puerta a esta posibilidad.