El sindicato señala en un comunicado que regularizar la situación administrativa de personas que ya están trabajando supone reconocer sus derechos, favorecer su inclusión social y facilitar sus aportaciones en términos fiscales y de seguridad social.

"La situación de irregularidad administrativa de parte de la población extranjera en España es una disfunción clásica de nuestro sistema que genera fundamentalmente perjuicios para la propia población afectada que se ve inserta en dinámicas de exclusión social, sobreexplotación laboral y clandestinidad", añaden desde Comisiones.