Entre las propuestas planteadas se incluyen, entre otras, medidas de reducción del coste energético, como el descuento de 25 céntimos por litro en el precio del gasóleo, así como rebajas en otras fuentes de energía como el gas o la electricidad. Asimismo, se solicitó la concesión de ayudas directas a las empresas, estimadas en 1.500 euros por autobús, y deducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trasladó al Comité Nacional que se está trabajando en el diseño de una batería de medidas para hacer frente a la situación, con la previsión de elevarlas al Consejo de Ministros del próximo 17 de marzo.

No obstante, el Ministerio señaló que el contenido definitivo de estas medidas está condicionado por su encaje en la normativa europea en materia de ayudas de Estado. A diferencia de lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19 o tras el inicio de la guerra en Ucrania, actualmente no existe un Marco Temporal de Ayudas de Estado que permita a los Estados miembros aprobar ayudas directas con mayor rapidez.

En este contexto, el Gobierno trasladó que está trabajando para asegurar que cualquier medida de apoyo cumpla con los límites y requisitos de competencia establecidos por la Unión Europea, lo que determinará el alcance final y el ámbito de aplicación de las ayudas.

Asimismo, indicó que debido a la necesidad de estos ajustes normativos, aún no es posible concretar el alcance exacto de las medidas, si bien desde el Ministerio se ha trasladado al sector que el objetivo es seguir la línea de las soluciones aplicadas en 2022 con el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Por último, el Comité Nacional de Transporte por Carretera afirmó que permanecerá en contacto con el Ministerio para colaborar en el desarrollo y puesta en marcha de estas medidas.