En un estudio sobre economía conductual realizado por este organismo, la CNMC explica que la inercia, la sobrecarga de información o los sesgos cognitivos influyen en los ciudadanos a la hora de responder a trámites administrativos, usar los servicios públicos, cumplir las normas, etc.

Los ‘nudges’, traducido coloquialmente como ‘pequeños empujones’, son un instrumento cuyo uso puede hacer que las políticas públicas sean más eficaces, por cuanto generan cambios significativos en el comportamiento con bajo coste. Algunos ejemplos son las opciones por defecto en un formulario, los recordatorios y avisos, el encuadre de los mensajes o las normas sociales.

Por el contrario, los formularios largos o mal estructurados, las comunicaciones con lenguaje demasiado técnico y todas las trabas innecesarias (sludge) dificultan la vida de los ciudadanos y reducen la eficacia de la acción pública. Algunas empresas también las aplican para conseguir sus objetivos. Mal empleados pueden ser perjudiciales e incumplir la normativa, y entonces se denominan ‘patrones oscuros’.

Para la CNMC, en España existe margen para incorporar la economía conductual en la regulación. “A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, instituciones internacionales y países de nuestro entorno han incorporado con éxito la economía conductual en sus políticas públicas”, expone.

En ocasiones, han creado unidades especializadas (nudge units), que suelen realizar funciones de apoyo para diagnosticar problemas y diseñar políticas públicas, evaluar su impacto y analizar los resultados, y formar y diseminar experiencias.

Por todo ello, el organismo presidido por Cani Fernández propone crear un marco institucional para la economía del comportamiento en la Administración Pública española, a través de iniciativas como instaurar unidades de economía conductual, establecer una red de expertos conductuales entre distintas administraciones, fortalecer el capital humano en economía conductual y participar en foros internacionales para aprender y adoptar las mejores prácticas.

Asimismo, sugiere incluir la economía conductual en la regulación y las políticas públicas en todas sus fases: , así como en la perspectiva conductual en la supervisión de los mercados, a través del refuerzo de la prevención y concienciación sobre el cumplimiento normativo en materia conductual. Finalmente, pide apostar por la colaboración entre organismos supervisores y reguladores en esta materia.