Así lo anunció este viernes el secretario general de la organización, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que resumió los principales resultados del informe ‘¿Qué denuncian los consumidores?’, relativo al balance de consultas y reclamaciones tramitadas por la asociación durante el primer semestre del año y en la que subrayó que se trata de “sectores estratégicos por los niveles de abusos, fraudes e irregularidades que han sufrido sus usuarios en este periodo”.

En los seis primeros meses del año, los equipos jurídicos de Facua abrieron 6.671 expedientes de reclamación en representación de sus asociados, un 20,4% más que en el primer semestre de 2021, cuando alcanzaron la cifra de 5.543. En cuanto a las consultas planteadas por los consumidores en las oficinas de las organizaciones territoriales de la asociación, la cifra alcanzó las 21.701.

Con respecto a las reclamaciones, Sánchez aseguró que resulta “especialmente llamativo” el caso del sector de compra y reparación de vehículos, que fue el más denunciado y acaparó el 33,6% de las denuncias presentadas por los consumidores en Facua durante el primer semestre. En buena medida, a su juicio, por el “caso concreto” del “cártel” de más de una veintena de fabricantes de coches que sancionó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que, “durante años, estuvieron pactando inflar los precios y provocaron que, entre 2006 y 2013, compraran a importes mucho más elevados de los que correspondían”.

En este sentido, explicó que, en los “próximos meses”, la organización interpondrá una “batería” de demandas judiciales colectivas contra dichos fabricantes para reclamarles la devolución de ese dinero “con el que inflaron los precios” y advirtió de que está siendo “muy escrupulosa con los plazos de prescripción de la posibilidad de interposición de demanda”.

Junto a ello, y “más allá de ese problema” que, reiteró, “es el protagonista de la inmensa mayoría de denuncias” de los usuarios en este sector, hizo hincapié en otras “habituales” como las vinculadas a las reparaciones de averías “que, en no pocos casos, se repiten una y otra vez” y que, subrayó, “dan derecho a que el usuario pueda cancelar el contrato y exigir la devolución del dinero o plantear la recompra del vehículo con una devaluación en función del tiempo de uso”.

ENERGÍA

Por su parte, el segundo sector con más reclamaciones fue el de la energía, con el 13,4% del total, frente al 11% del mismo periodo de 2021, cuando se situaba en el cuarto puesto. Y ello debido, según el secretario general de Facua, “sobre todo”, a “un popurrí lamentable de fraudes y abusos” que, a su entender, “cometen las energéticas”.

En concreto, una “denuncia estrella” y que le resulta “especialmente grave en estos tiempos que corren” es la presentada contra ellas por “llamar ladrón a un cliente, acusarlo de haber robado la luz, de haber enganchado el contador, de haberlo trucado para que marque un consumo inferior al real”. “Sin pruebas, sin haber realizado inspecciones con los protocolos debidos para que tengan validez y para poderle reclamar el dinero por una manipulación real del contador”, añadió.

“En estos casos, nos encontramos con eléctricas que les plantean a los consumidores que, o pagan multas y las penalizaciones que marca la normativa de varios miles de euros por haber robado luz, o les cortan el suministro y los llevan a los tribunales por un delito de robo de suministro eléctrico”, abundó, para lamentar que a “muchos” de ellos “los amenazan y asustan hasta el extremo de que acaban pagando cantidades que no tendrían por qué abonar”.

Por ello, quiso hacer “un llamamiento” a que “nadie se resigne” ante este tipo de amenazas y dijo echar “en falta” un cambio legal para que la acusación “en falso” a un usuario de robo de luz “esté tipificada como infracción de consumo” y pueda dar lugar a un “castigo ejemplarizante” a los “ladrones” de las compañías eléctricas, convencido de que para ellas “es un auténtico chollo el acusar de ladrones a los consumidores”.

Otro tipo de reclamaciones en este ámbito son las referidas a las “anomalías e irregularidades” en la facturación, que incluyen desde retrasos en la emisión de facturas, como, según Sánchez, ha ocurrido en el último año “de forma masiva por fallos en los protocolos de medición del consumo por parte de las grandes distribuidoras”, a fraudes en la contratación ante los que urgió a “estar muy alerta”, o subidas tarifarias “contrarias a la legislación”.

En tercer lugar se situaría la banca y los servicios financieros, con el 12,8%, frente al 19,4% de las denuncias de los usuarios que aglutinó en el mismo periodo de 2021. Los principales motivos de las reclamaciones siguen siendo, en primer lugar, la negativa a devolver gastos de formalización de hipotecas cobrados ilegalmente, seguidos de la aplicación de intereses usureros en préstamos, fundamentalmente a través de tarjetas revolving, y el cobro irregular de comisiones.

“Durante el último año han aumentado las denuncias ante las dificultades que encuentran los consumidores para que los bancos les devuelvan cargos fraudulentos en sus tarjetas y cuentas corrientes, fundamentalmente como consecuencia del robo de datos por parte de terceros”, señaló Facua.

Además, el sector de las telecomunicaciones desciende desde el segundo puesto que ocupaba en el primer trimestre de 2021 al cuarto lugar los primeros seis meses de 2022, representando el 10,7% de las reclamaciones de los usuarios. En estos casos, las denuncias se abrieron, principalmente, por los incumplimientos de ofertas y “engaños” para que los consumidores se dieran de alta, junto a las subidas “fraudulentas” de tarifas, el cobro de servicios no solicitados y los “abusos” que cometen las telecos cuando los usuarios intentan darse de baja, que van desde “continuar cargándole los recibos hasta la aplicación de penalizaciones de forma ilegal”.

CONSULTAS

Asimismo, los sectores por los que los consumidores plantearon un mayor porcentaje de consultas sobre sus derechos en Facua en este periodo fueron también la compra y reparación de vehículos (19,1%), la energía (17,4%), banca y las empresas de servicios financieros (12,7%) y las telecomunicaciones (9,3%).

Facua aprovechó para criticar la “irresponsable falta de actuaciones” por parte de las autoridades con competencia en protección de los consumidores a nivel estatal y autonómico ante los “gravísimos fraudes” que, según su punto de vista, “se vienen produciendo estos últimos años, que obliga a judicializar los fraudes masivos”.

“Pese a que ha recibido decenas de denuncias de Facua contra empresas que cometen abusos y fraudes masivos, el Ministerio de Consumo no ha hecho pública ninguna alerta sobre este tipo de prácticas”, denunció la organización, para señalar que las autoridades de consumo autonómicas, que tienen las competencias sancionadoras, también “continúan sin anunciar multas o haciéndolo de forma anecdótica”.

Por todo ello, la asociación critica que la “pasividad” de las administraciones competentes “viene favoreciendo que multitud de empresas se salten las obligaciones legales vulnerando los derechos de los consumidores, ya que no reciben respuestas contundentes a sus abusos a través de multas coercitivas”.