Enric Morera, senador de esta formación de la Comunidad Valenciana, dijo a Servimedia que el PP "está utilizando su mayoría absoluta en el Senado para vetar preguntas y bloquear el control parlamentario sobre la renovación del Tribunal Constitucional, después de que la Mesa de la Cámara haya rechazado la tramitación de una pregunta dirigida al ministro de Justicia".

Morera explicó que preguntaba si el PP está imponiendo "condiciones políticas o un calendario que esté retrasando una renovación que es una obligación constitucional", pero, a su juicio, "la iniciativa ha sido inadmitida mediante una interpretación restrictiva del Reglamento del Senado".

"Se ha decidido que no se pueda ni siquiera preguntar en el Pleno por una cuestión de máxima relevancia institucional. No es una decisión técnica, es una decisión política", afirmó Morera, que acusó a la formación popular de convertir el Senado en una "Cámara de bloqueo para impedir su criterio sin mayoría en el Congreso".

BLOQUEOS RECIENTES

El senador vinculó este veto con otros bloqueos recientes del PP en la Cámara Alta, como la negativa a permitir la comparecencia del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón y de responsables de la gestión de la dana. También denunció un uso partidista de las instituciones para evitar responsabilidades políticas.

Compromís advirtió de que seguirá denunciando "este comportamiento y reclamando que el Senado ejerza su función de control y transparencia conforme al equilibrio democrático entre instituciones".

La Mesa del Senado adoptó este martes una resolución en la que desestimó la solicitud de reconsideración presentada por Morera y confirmó el acuerdo de la Presidencia de la Cámara Alta del pasado 11 de diciembre que inadmitió la pregunta del senador valenciano.

La resolución explica que la pregunta formulada por el senador de Compromís fue inadmitida "por no resultar de la competencia del Gobierno", al referirse "a la actuación de un partido político en relación con un procedimiento de designación, que es competencia exclusiva del Senado a propuesta de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas".

FUNCIÓN DEL GOBIERNO

En el veredicto de la Mesa se apunta que el Gobierno "dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado", pero no tiene entre sus funciones "la de impulsar la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional", según establece el artículo 97 de la Constitución.

La Mesa recuerda que el artículo 159.1 de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Añadió que el Gobierno tiene la facultad de proponer el nombramiento de dos magistrados, "pero no la de intervenir en el proceso de designación que corresponde a los demás órganos facultados para ello", según la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

COMPETENCIA DEL SENADO

La resolución subraya que el artículo 184 del Reglamento del Senado establece que el presidente de la Cámara Alta comunicará a los presidentes de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas la apertura del plazo para la presentación de candidaturas y que cada asamblea podrá presentar hasta dos candidatos.

Precisa que "no se desprende función alguna del Gobierno en el proceso de renovación de magistrados del Tribunal Constitucional por el Senado" y que se trata de un proceso en el cual "es el propio Senado quien abre y decide sobre el plazo de presentación de candidaturas".

Concluye que "no es función del Gobierno la de impulsar o participar en el proceso de renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, interviniendo en el desarrollo de las funciones que la propia Constitución atribuye a otros órganos constitucionales, como es en este caso el Senado".