Así lo afirmó durante la defensa de la toma en consideración de una proposición de Ley presentada por Sumar para modificar la Ley 12/2023, conocida popularmente como la Ley de Vivienda, y prohibir a varias tipologías de personas jurídicas -socimis, fondos buitres, empresas extranjeras y aseguradoras- la compra de inmuebles destinados a uso residencial.

En su intervención, Ibáñez señaló que los precios de la vivienda han subido a niveles de la crisis de 2008, incluso en municipios que pierden población. "Del 2008 al 2024 el número de españoles que solo tiene una casa ha decrecido un 4% y el número de españoles que tiene entre 6 y 10 ha aumentado un 53%", explicó el diputado adscrito al Grupo Parlamentario Sumar, quien también recordó que España es el segundo país del mundo con más socimis y que las 'golden visa' consiguieron atraer 5.000 millones en inversión residencial.

"Esta propuesta es una propuesta de ley clara, ajustada al derecho europeo", defendió Ibáñez, quien afirmó que esta modificación garantizaría el cumplimiento efectivo de los artículos 128 -"toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general"- y 131 -"El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas"- de la Constitución Española.

Por último, hizo un llamamiento a "aminorar el dolor" y "dejar de alimentar el monstruo de la antipolítica" que "provoca" la falta de acceso a una vivienda digna.

EN CONTRA PP, VOX Y JUNTS

Al igual que otras propuestas impulsadas por grupos de izquierdas como la proposición no de ley para pedir transparencia algorítmica a los portales inmobiliarios que llevó Sumar al Parlamento la semana pasada o la toma en consideración de una proposición de ley que presentó ERC el pasado 11 de noviembre que proponía modificar el régimen fiscal de las socimis y un impuesto especial para los multipropietarios, esta propuesta probablemente decaiga por el rechazo de PP, Vox y Junts.

"Prohibir que las personas jurídicas puedan adquirir viviendas no es una solución, es un disparate. Es una medida diseñada para señalar culpables porque ustedes siempre necesitan un enemigo", afirmó el diputado popular Carlos Gil, quien afirmó que la Ley de Vivienda ha demostrado ser "más intervencionista que eficaz" y "más centrada en castigar al propietario que en impulsar el alquiler". Para el diputado popular, las políticas del Gobierno solo conducen a "menos oferta, menos inversión, menos rehabilitación, más deterioro y más encarecimiento".

En la misma línea se situó el diputado de Vox Carlos Hernández Quero, quien afirmó que las políticas públicas "no van de eslóganes, van de resultados". Quero, quien aprovechó para denostar la Ley de Vivienda por "destruir el mercado del alquiler", aseguró que de aprobarse esta modificación supondría "el fin del parque de vivienda que se necesita" ya que "ahuyentará toda la inversión en vivienda".

Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrenas aseguró que este remedio puede ser "aún peor que la enfermedad". "Todos hemos visto lo que pasa cuando se reduce la oferta", indicó la diputada de la formación presidida por Carles Puigdemont, quien explicó que la prohibición masiva de transmisiones provocaría una "reducción masiva" de la oferta. La diputada, quien se preguntó donde están las viviendas prometidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que lo que hay que hacer es "ampliar a marchas forzadas el parque público de vivienda" para "resolver la emergencia habitacional".

OBJECIONES DE PNV

Por otra parte, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, indicó que la propuesta tiene un "difícil encaje legal". "Es cierto que en varios países se ha prohibido temporalmente la venta a extranjeros, pero no conocemos ningún país donde se haya prohibido la compra a personas jurídicas nacionales", detalló la diputada de la formación jeltzale, quien también se mostró reacia a que esta medida tenga un carácter ilimitado y pidió un análisis sobre el derecho a la propiedad desde un debate "sereno" y elaborado desde la "seguridad jurídica".

Asimismo, el diputado socialista Gabriel Blanco aseguró que su partido siempre va a apoyar propuestas que apoyen el derecho a la vivienda siempre que estén planteadas "desde el rigor y la seguridad jurídica". En su intervención aseguró que el proyecto de país del PSOE apuesta por "garantizar todos los recursos disponibles para movilizar vivienda y frenar la especulación" y confrontó este modelo frente a la "vuelta al pelotazo" que proponen PP y Vox.

APOYO DEL RESTO DE GRUPOS

La diputada de ERC Etna Estrems, aunque reconoció que la propuesta de ley "se queda corta", aseguró que su partido va a apoyar medidas que frenen la especulación "vengan de donde vengan". La diputada independentista aprovechó para confrontar con Junts por su "falta de propuestas" en materia de vivienda. "¿Cuales son sus propuestas? Venir aquí y decir que hay que construir más viviendas suena pobre", lamentó.

Con una cita del expresidente del Gobierno José María Aznar -"el que pueda hacer que haga"-, el diputado de EH Bildu Óskar Matute llamó al resto de grupos a enfocar esta iniciativa desde un espíritu "propositivo". En su intervención, aseguró que los mercados que no están regulados "perpetúan la desigualdad" y llamó a plantear el derecho de tanteo y retracto para todas las promociones para captar más vivienda.

Por su parte, el diputado del BNG Néstor Rego, aunque apoyó esta iniciativa reprochó al Gobierno "no estar dispuesto a tomar medidas efectivas en materia de vivienda, sobre todo aquellas medidas que chocan con los intereses de los fondos buitres".

Por último, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna llamó a "limitar la compra de vivienda" a las personas físicas, combatir a los acaparadores, y planteó la expropiación a aquellos que "mediante el negocio de la vivienda expropian a la clase trabajadora".