Estas reclamaciones están incluidas en una moción consecuencia de interpelación urgente defendida en el Pleno del Congreso de los Diputados por la diputada de Mès-Compromís Agueda Micó, que pidió crear ayudas económicas para víctimas vulnerables o dependientes de quienes practican esas terapias.

Asimismo, pidió garantizar una alternativa de vivienda inmediata en casos de convivencia de las victimas con los responsables y facilitar así la salida de situaciones de dependencia y riesgo. Además, Micó pidió apoyo a los grupos políticos para esta moción y para la proposición de ley del PSOE que busca tipificar en el Código Penal estas terapias de conversión, que se votará el próximo jueves en la Cámara Baja.

La moción de Compromís pide también crear protocolos coordinados con autonomías para detectar y atender tempranamente posibles casos en ámbitos como sanidad, educación o protección de menores, con especial atención a la infancia. También se propone elaborar guías de buenas prácticas sobre estas prácticas con entidades y expertos para profesionales de distintos sectores.

Al mismo tiempo, la iniciativa pide impulsar programas de formación para profesionales de ámbitos clave para prevenir y actuar ante violencia y discriminación por Lgtbifobia y promover estudios e investigaciones sobre el impacto y características de las terapias de conversión. Además, propone crear un sistema estatal de recopilación y seguimiento de datos sobre denuncias y actuaciones sobre estas prácticas.

Otras de las peticiones de Compromís son reforzar la inspección y control de entidades para impedir las terapias y evitar financiación pública a estas prácticas, modificar la normativa para prohibir su promoción, publicidad, difusión y materiales que las respalden, incluyendo internet y redes sociales. Así, la propuesta pide impulsar campañas de sensibilización contra estas terapias y hacer un informe estatal en seis meses sobre su atención a víctimas.

La diputada del PP Belén Hoyo rechazó también estas prácticas al considerar que “son dañinas, injustificables” y que “nadie debe ser sometido a presión, humillación o coacción por su orientación sexual”. Sin embargo, criticó a la izquierda política por “apropiarse de causas sociales como la igualdad y politizar el debate”.

Así, Hoyo dijo que “las personas Lgtbi+ no pertenecen a nadie” y reprochó a Compromís su enfoque y avisó de que “una cosa es defender los derechos y otra muy distinta utilizar los derechos para levantar trincheras políticas”.

Al mismo tiempo, Hoyo criticó lo que considera “silencio” de la izquierda ante situaciones de vulneración de derechos en otros países y ante casos de corrupción en España, asegurando que mientras se dan lecciones “los españoles asisten con estupor” a esas controversias.

En una posición más crítica con la moción propuesta, el diputado de Vox Andrés Alberto Rodriguez criticó la iniciativa y enmarcó el debate como un enfrentamiento ideológico, acusando a Compromís de actuar con “hipocresía política” y de utilizar la propuesta para “estigmatizar” a instituciones especialmente vinculadas a la Iglesia católica.

Rodriguez también rechazó el enfoque de la moción y giró su discurso hacia la crítica de lo que denominó “la pseudoterapia de la ideología de género”, a la que calificó de “negligencia médica institucionalizada”. Vinculó también estas políticas con supuestos daños a menores. Así, avisó de que Vox seguirá oponiéndose a este tipo de medidas, al considerar que buscan imponer una determinada visión ideológica.

APOYOS

En su caso, la diputada de ERC Teresa Jordá apoyó la moción, aunque la criticó al ver que “llega tarde“. Así, defendió que no existe debate posible sobre estas prácticas y su impacto negativo sobre las personas Lgtbi+ y pidió una reparación más amplia para las víctimas y que las medidas no se limiten al ámbito jurídico, sino incluir medidas reales como vivienda, independencia económica y acompañamiento para “reconstruir una vida”.

Seguidamente, la diputada de Sumar Engracia Rivera apoyó las medidas propuestas asegurando que estas prácticas “parten de una mentira” y avisó de sus consecuencias: “ansiedad, depresión, sentimiento de culpa, aislamiento social e ideación suicida”.

Pese a que apoyó avanzar hacia su penalización, dijo que “el Código Penal por sí solo no resolverá este problema” -refiriéndose a la citada propuesta que se votará el jueves sobre el mismo tema- y pidió una respuesta más amplia que combine castigo con “prevención, protección y reparación”, poniendo el foco en las víctimas, muchas veces jóvenes en entornos familiares o religiosos “opresivos”.

Finalmente, la diputada del PSOE Marta Trenzano defendió esta propuesta y cargó contra el PP recordando su trayectoria histórica. En concreto, reprochó a los populares haber votado en contra de avances como el matrimonio igualitario, acusándoles de mantener posiciones “disfrazadas de modernidad”.

Asimismo, reivindicó que las democracias deben proteger el derecho de cada persona a ser quien es y aseguró que “la orientación sexual y la identidad de género no necesitan rehabilitación”.