También acordó aprobar un importe de 3,1 millones de euros para el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales dirigido a la prestación de asistencia jurídica gratuita, según informó en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz, Ignacio González.

Señaló que desde el Ejecutivo madrileño se está realizando un importante esfuerzo financiero para dotar de la mayor calidad posible la prestación de este servicio a las personas más desfavorecidas de la región, como la población inmigrante, las víctimas de violencia de género o los trabajadores por cuenta ajena, tres de los principales grupos beneficiarios de la justicia gratuita junto con los ciudadanos con escasos recursos económicos.